El Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a detener a civiles en forma transitoria que cometan delitos en flagrancia en la frontera norte del país. Esta medida, fue aplicada en el marco del "Operativo Roca" que pretende reforzar las zonas de forma coordinada con la Gendarmería Nacional. 

“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, indica uno de los artículos de la resolución 347 del ministro de Defensa, Luis Petri, según revelaron fuentes militares a Clarín.

Estas órdenes forman parte de las denominadas “reglas de empeñamiento” que se les dan a las tropas cada vez que se movilizan ante una amenaza. Estas directivas ordenan desde al comportamiento en público de los efectivos ante diversas situaciones como un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y también cómo responder en un enfrentamiento.

De este modo, según detalla la resolución, se busca “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.

En tanto, respecto a la posibilidad de aprehender civiles, el ministro de Defensa, Luis Petri, argumentó que “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”.

En esa línea, señalaron que el uso de la fuerza “se guiará por los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, que se desprenden del artículo 34 del Código Penal de la Nación y que se usan para las fuerzas policiales”.

En ese sentido, el ministro de Defensa ordena a los militares en la disposición “evitar que se concreten acciones hostiles” y explica que el principio de necesidad “se basará en el porte que posea cada miembro de las Fuerzas Armadas a través de la actitud de respeto, seguridad y disciplina que transmite el uniformado". 

De esta manera, recalcó que el objetivo es "impedir a través de la disuasión, o neutralizar la agresión por la mera presencia física del personal militar”. Asimismo, mediante órdenes verbales se buscará “impedir o repeler la agresión mediante el uso de inflexiones de voz de un modo firme e inequívoco para que las indicaciones sean cumplidas”.

En este contexto, indicaron que el llamado “control disuasivo” dispone “impedir o repeler la agresión mediante cualquier técnica física, química o mecánica que mantenga al agresor bajo control. Puede ejecutarse un despliegue y emplazamiento de armamento incluyendo disparos de advertencia/neutralización”.

"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", expresó el ministro Petri en su cuenta de la red social X. Y agregó: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por que acá algunos se escandalizan?”.

Por su parte, cabe destacar que el “Operativo Roca” inició la semana pasada en la provincia de Salta con 1.300 hombres. Asimismo, el ministro Petri prometió que de acá hasta fin de año se movilizarán “10 mil soldados en total”. En la actualidad, el Ejército tiene unos 6.500 oficiales, 24 mil suboficiales y 18 mil soldados voluntarios para todo el territorio nacional.

El despliegue se inscribe en lo previsto por la Ley de Defensa Nacional. A ello se aplican las previsiones de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 y el Decreto-Ley N.º 15.385/44, que habilitan la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, ante riesgos a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos.

Por último, dentro de las Fuerzas Armadas existe cierta preocupación por las posibles consecuencias judiciales de accidentes durante los patrullajes. En tanto, desde la oposición advirtieron sobre la falta de un marco legal claro para este despliegue militar.