El Gobierno avanzará con el congelamiento de los combustibles por 90 días mediante una resolución que será publicada este viernes por la mañana en el Boletín Oficial, tras frustrarse un encuentro con las empresas petroleras para buscar consenso sobre el tema, informaron fuentes del Palacio de Hacienda. 

La Ley de Abastecimiento habilita al Poder Ejecutivo a fijar precios, dictar normas que rijan la comercialización e, incluso, obligar a la producción de determinados productos. Los mismos voceros oficiales explicaron que la decisión de avanzar con la resolución se tomó tras la frustrada convocatoria lanzada el miércoles por la noche desde la Secretaría de Energía a las petroleras.

Los contactos con los directivos de las empresas previos a la invitación formal a una mesa de diálogo llevaron al Gobierno al convencimiento de que la medida no iba a tener el margen de consenso que buscaba, en base a los planteos recibidos por las petroleras.

Las empresas dejaron trascender este jueves una nota que tenía como destino al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que advertían que la medida provocaría "un daño gravísimo a las empresas productoras de petróleo y por ende a los proyectos" de Vaca Muerta.

Tras reclamar una mesa de diálogo para toda la cadena de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, las empresas advirtieron que podrían recurrir a instancias judiciales en caso de que se tomaran medidas "inconsultas e inequitativas".

Este jueves, el presidente Mauricio Macri anunció, entre otras medidas para atenuar el impacto de la devaluación, un congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil por 90 días. Para calcular ese congelamiento del precio en pesos de nafta y gasoil en el segmento minorista de combustibles, se implementaría un congelamiento por el mismo plazo del precio del crudo. 

Este precio sería el que cada refinería tenía vigente con su proveedor, por lo que se determinó fijar las variables a valores del 9 de agosto, con el dólar a $45,19 y el barril de Brent a US$59, se explicó tras el anuncio desde el Palacio de Hacienda.

Además de los cuestionamientos por los efectos económicos referidos a la afectación económica de sus operaciones y de sus inversiones millonarias en Vaca Muerta, las empresas rechazaban la apelación a la Ley de Abastecimiento, cuyo antecedente inmediato se remonta a 2006 cuando se sancionó a la empresa Shell.

Aquel año, luego de más de tres décadas se volvió a aplicar la norma cuando la Secretarí­a de Comercio Interior sancionó a la petrolera, por entonces presidida por Juan José Aranguren, con una multa de $23 millones por "desabastecimiento de gasoil a diversas estaciones de servicio". 

Las petroleras también destacaban que desde el 1 enero de 2018 rige un mercado liberado en el sector tras 15 años de regulación de precios, medida adoptada por el entonces ministro Aranguren, que puso punto final al denominado barril criollo que imponía un valor de referencia para el crudo.