El Gobierno nacional que lidera el presidente Javier Milei buscará fomentar los ingresos por turismo mediante dos propuestas que están en estudio en la Secretaría que conduce Daniel Scioli. La primera es una baja en la tasa portuaria de cruceros que entran al país, y la segunda es la exención del pago de derechos de autor para los hoteles.

Sobre la primera iniciativa, Scioli ya inició gestiones en abril cuando asistió a la feria internacional Seatrade, en Estados Unidos. Allí, se reunió con Christopher Allen, vicepresidente de Royal Caribbean, quien le habría confirmado la vuelta al país del Celebrity Cruises, también bajo su mando. Ese ingreso implicaría un extra de 45.000 pasajeros para la temporada 2025/2026.

En este marco, la intención del oficialismo es bajar las tasas portuarias para cruceros de gran tamaño, un proyecto que todavía se encuentra en tratativas con diversos sectores, públicos y privados. El objetivo del Gobierno es atraer a los barcos de mayor porte y la disminución rondaría el 60% sobre las tarifas por el uso del puerto y de las vías navegables.

La segunda medida apunta a eximir a los hoteles del pago por derechos de autor. Se trata de un importe sobre los televisores que se encuentran en las habitaciones y que varía según la categoría del establecimiento. Se debe multiplicar un porcentaje -entre 2,5% y 5%-, por la tarifa y la cantidad de cuartos. Se trata de un proyecto que se presentó en el Congreso para modificar el artículo 36 de la ley de propiedad intelectual.

De aprobarse, algo que en el Gobierno aspira a que sea pronto, dejarían de considerarse “de difusión pública” las representaciones, ejecuciones, difusiones, retransmisiones y otro tipo de comunicación de obras musicales, televisivas, cinematográficas o audiovisuales que se realicen dentro de las habitaciones y espacios no comunes.

En el sector de los hoteleros consideran que este impuesto es “absolutamente discrecional e injusto”, ya que, entre otros factores, las habitaciones son ámbitos privados. Además, hicieron referencia a la “deslealtad” que implica que otros medios de alojamiento, como la plataforma Airbnb, no quedan alcanzados bajo esta norma.

No obstante, aclararon que de sancionarse esta propuesta el precio final para el cliente no se vería notoriamente afectado ya que esta medida implicaría dejar de abonar montos por encima de los $100.000. Sin embargo, están a favor de la propuesta porque representa un “orden impositivo”.