El Gobierno nacional estableció el cierre de 136 oficinas del Registro Automotor en varias provincias del país. La medida tiene como objetivo reducir los gastos de la Administración Pública Nacional. El mes pasado se había anticipado que cerrarían el 40% de los registros existentes.

A través de la resolución 209/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el poder Ejecutivo dictaminó el cierre de las oficinas seccionales. El documento lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Además, en el texto se dictamina el freno a la apertura de 12 oficinas seccionales más distribuidas por todo el país.

”La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, dice el texto.

Allí se establece que las competencias de los registros que fueron cerrados “quedarán en cabeza de Encargados Titulares oportunamente designados de conformidad con la normativa vigente en cada momento”.

Además, la normativa "materializa la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”.

En el documento se advierte que es sólo "una primera etapa de la reestructuración del sistema" y que se "requerirá de un estudio más acabado, para su paulatina aplicación”.

En mayo, el gobierno de Javier Milei había anticipado que cerraría el 40% de los Registros del Automotor. Este año se estableció además la eliminación de la cédula azul y del Certificado de Transferencia Automotor (CETA). También fueron suprimidas las fechas de vencimiento de todas las cédulas verdes.

Como consecuencia de la reestructuración que lleva adelante el Gobierno sobre este área, se había anunciado una reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor. La misma se dará en el marco de un "plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) respondió al Ejecutivo y dijo que la medida "debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos". 

"En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva", agregaron desde la entidad presidida por Alejandro Germano.

"Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros", explicaron. "El registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregaron desde AAERPA.