Este lunes, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que maneja las principales rutas del país. La misma será bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La medida quedó oficializada esta madrugada mediante la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial. De esta forma, se dio comienzo con el plan oficial para pasar privatizar más de 9 mil kilómetros de rutas y autopistas, que concentran el 80% del tráfico a nivel nacional. “Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”, destaca el documento.

 

 

En la normativa, se establece que el Ministerio de Economía estará a cargo de que se cumplan con las medidas necesarias para poder iniciar el proceso de privatización de la compañía. Además, se especificó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisará al organismo.

Algunas de las acciones que deberán concretarse son: la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.; la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; y la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Con esta decisión, se busca "promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, según detalló Adorni la semana pasada.

Por su parte, en la disposición, indica que se definirá qué tarifas podrán establecer las nuevas concesionarias. Asimismo, el Gobierno enfatizó en la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, que “considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”. 

La empresa estatal Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. Además, es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.