El Gobierno anunció la baja de 60.000 pensiones controladas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por incumplimientos de requisitos necesarios para obtener el beneficio.

Así lo había comunicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina, con una medida que partió de una investigación presentada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y en el que se descubrió una "actividad fraudulenta a gran escala" con desvíos de fondos que superaron los U$S 3.400 millones en el último año.

De esta manera, se cancelarán unas 60.000 pensiones destinadas a personas con discapacidad por incumplir los requisitos establecidos, como por ejemplo la posesión de varios vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados.

Gran parte de los desafectados utilizaron la obra social Incluir Salud, lo que llevó a gastar al Estado por afiliado un monto aproximado de $1.5 millones.

"A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios", detalló Adorni.

En tanto, el funcionario remarcó que las personas que utilizaron el beneficio de manera fraudulenta serán denunciadas penalmente por el mal uso de los recursos públicos y así combatir la corrupción.

Por otra parte, el Gobierno reveló que 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires recibían pensiones por invalidez, y que el 65% del total fueron otorgadas en menos de 30 días

Por último, Adorni confirmó que un sector de beneficiarios no cobrará los $81.000 extra de julio, y son aquellas personas que no están dentro del grupo de las familias que tienen dos hijos y que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a través del sistema SUAF de Asignaciones Familiares.