El Gobierno nacional formalizó este miércoles una modificación en el régimen de control de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de uso militar de calibre superior al .22 LR. Ahora se podrán utilizar en actividades deportivas y con otras finalidades lícitas.

Así lo dispuso mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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El decreto estableció un sistema de adquisición y tenencia de este tipo de armas, que quedó a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que deberá aplicar lo dispuesto en la ley de Armas y Explosivos Nº 20.429 y su normativa complementaria.

 

“Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego”, indica el artículo primero del decreto.

Y completa: “La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial”.

El texto normativo resaltó que “resulta necesario atender la posibilidad del empleo de los mencionados materiales controlados en actividades deportivas u otras finalidades lícitas”.

El decreto 397/2025 subraya que el nuevo control debe lograr un equilibrio entre permitir la adquisición o transferencia de este tipo de armas y garantizar la seguridad pública.

En los considerandos de la medida, el Gobierno argumenta que la decisión se adoptó después de “más de treinta años” de vigencia de un sistema “con criterios más restrictivos” impuesto por el decreto 64/1995, que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. 

En ese contexto, aduce que, durante más de treinta años, tanto el antiguo Registro Nacional de Armas como la ANMAC aplicaron criterios cada vez más estrictos, lo que provocó que muchos propietarios originales de esos productos fallecieran sin haber podido transferir legalmente la titularidad a sus herederos, generando así situaciones de tenencia irregular.

 

Entre las modificaciones figuran la delegación de facultades a las autoridades de cada fuerza para autorizar a su personal el uso y la portación de armas, la diferenciación en los plazos de validez de las credenciales de legítimo usuario y la centralización de la supervisión en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).