El Gobierno promulgó este miércoles la “Ley Nicolás”, que busca establecer un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura. De esta forma, la normativa, que fue aprobada en el Senado con 69 votos positivos y 1 negativo, se busca garantizar la calidad y seguridad sanitaria en todo el país, evitando diagnósticos errados y mala praxis. 

“Esta ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud“, indica el primer artículo de la Ley 27.797, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En el texto oficial, se confirmó la creación de un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará como un sistema para reportar incidentes de seguridad, eventos adversos y otros eventos que requieran investigación, con criterio “no punitivo”. 

En ese sentido, en la disposición se detalla que el organismo deberá adoptar medidas en respuesta a las notificaciones y garantizar la confidencialidad de la información obtenida.

La normativa establece que si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, esa inhabilitación abarcará todo el país. “Las instituciones proveedoras de servicios de salud deben contar con métodos de selección transparentes y equitativos para la selección e incorporación de su personal, orientados a generar la mejor oferta posible”, sanciona y sostiene que las autoridades deben informar a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS).

En esa línea, se especifica que dentro 

de un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán disponer de plataformas digitales interoperables para la historia clínica.

Por su parte, el proyecto fue impulsado por la abogada Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 luego de un diagnóstico erróneo. La iniciativa, creada por la fundadora de la ONG “Por la vida y la salud”, transitó por un proceso de aprobación que se extendió por varios años, dado que fue impulsada en 2021 y comenzó a ser discutida a mediados de 2023. 

“Los procedimientos médicos que provocan lesiones o muertes, son tratados como homicidios culposos o de lesiones culposas. La pena del homicidio es de dos a cinco años, cuando se trata de una muerte por mala praxis. En estos casos los médicos rara vez suelen ir presos. Por eso, también se busca subir el mínimo y el máximo de la pena”, destacó Covelli.