El Gobierno de Javier Milei reforzó su presencia militar en más de 25 países, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a través de un nuevo esquema de agregadurías de Defensa y las Fuerzas Armadas, con fines diplomáticos. Entre las naciones se encuentran Estados Unidos, China, Israel, el Reino Unido y Brasil.

Lo hizo a través de la resolución conjunta 39/2025 de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas de los titulares de ambas carteras, Luis Petri y Gerardo Werthein, respectivamente.

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En el texto normativo se argumenta que “las Agregadurías de Defensa y de las Fuerzas Armadas constituyen un pilar fundamental en la estrategia internacional de la defensa, siendo instrumentos clave para la proyección de la política exterior y de los nacionales en materia de defensa y seguridad internacional”.

 

Además, establece que los agregados especializados “formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios”.

La resolución conjunta aduce además que "resulta necesario actualizar periódicamente el despliegue de agregadurías de Defensa y de las Fuerzas Armadas en el exterior, a fin de adecuarlas a los vínculos internacionales de cooperación en materia de defensa".

El artículo segundo de la disposición establece que “la apertura de agregadurías de Defensa y de las Fuerzas Armadas se materializará de manera gradual y sostenida en el tiempo en distintos países, producto de una estrategia escalonada, y priorizando objetivos de corto, mediano y largo plazo”.

Entre los destinos figuran Estados Unidos, China, Brasil, España, Alemania, Francia, Israel, Rusia, Sudáfrica, Japón, la ONU y la OTAN.

El artículo tercero de la resolución señala que el Ministerio de Defensa será responsable de realizar los “ajustes presupuestarios necesarios” para implementar la medida, mediante la redistribución de los créditos asignados a las subjurisdicciones correspondientes.

 

La disposición deroga normativas sobre la materia, específicamente las resoluciones conjuntas N° 646 y N° 651 de 2013, y N° 905 y N° 337 de 2015, que regulaban la distribución de agregados.

El marco legal de la medida se fundamenta en el artículo 10 de la Ley N° 20.957, que autoriza al Poder Ejecutivo a designar agregados especializados en el exterior, y en la Ley N° 22.520, que regula la organización de la administración pública nacional.