Este martes, el Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por el temporal que provocó graves inundaciones marzo de 2025.

De esta forma, el Ejecutivo devuelve el proyecto de ley al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. La medida quedó oficializada a través del Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. 

 

Esta decisión, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene un impacto directo en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.

 

 

La iniciativa, que fue sancionada por el Congreso el 4 de junio de 2025, que buscaba declarar la emergencia por 180 días, establecía la creación de un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados. 

En ese sentido, la medida priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

En la disposición, el Ejecutivo argumentó que esta decisión fue tomada dado que las medidas propuestas por el proyecto de ley ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/25, dictado luego del temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. 

Según el documento, se creó un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes de viviendas afectadas. 

En esa línea, el Ejecutivo informó que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.

En tanto, el veto de la iniciativa se basó principalmente en la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. 

“El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias", destaca el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique la fuente de financiamiento. 

Por último, la línea de créditos preferenciales propuesta en la ley, el decreto que el Banco Nación ya cuenta con facultades para otorgar asistencia financiera a empresas y familias. 

Ante esto, decidieron devolver el proyecto al Congreso y su archivo, cerrando la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires, al menos, durante este año legislativo.