El Gobierno nacional denunció este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela por "asedio" al edificio de la Embajada de Argentina en Caracas, en medio del conflicto entre ambas naciones tras las polémicas elecciones presidenciales en el país vecino que proclamaron vencedor a Nicolás Maduro.

Mario Javier Oyarzábal, el embajador argentino en los Países Bajos, habló ante los presentes sobre la cuestión en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya y declaró que la situación en Venezuela "exige una atención inmediata".

"La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía", dijo el funcionario, agregando que "las circunstancias en el país se han deteriorado aún más", con las elecciones presidenciales.

Durante su alocución, Oyarzábal consideró que "Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho", ya que "los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada".

En el marco de los acontecimientos del pasado 28 de julio, con ataques a manifestantes contra la disidencia del oficialismo en reclamo por elecciones "fraudulentas", el funcionario dijo que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”.

En ese sentido, dijo que "nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro".

Y agregó: "la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados".

En consecuencia, Argentina llamó a la CPI a "actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”, ya que “la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.