El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció irregularidades en la administración de pensiones por discapacidad durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Según Adorni, “se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a u$s3.400 millones”.

Durante su habitual conferencia de prensa, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) detalló el incremento en la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral. “A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”.

 

Adorni subrayó que “este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares o catástrofes naturales”.

Casos de incompatibilidad y fraudes en la asignación de pensiones reveladas en la auditoría

En cuanto a las irregularidades detectadas, Adorni explicó que la auditoría reveló numerosas incompatibilidades entre los beneficiarios y los requisitos para recibir las pensiones. “Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando, 60.000 personas que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, cobran la pensión y tienen varios autos, propiedades, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados”, afirmó.

 

Además, el vocero presidencial detalló que las personas que recibieron una pensión por invalidez también accedieron al servicio de la obra social Incluir Salud, lo que implicó una transferencia promedio de 1.500.000 pesos por afiliado desde el Gobierno Nacional a las provincias.

Entre los casos peculiares revelados por las auditorías, Adorni destacó algunos ejemplos:

“En el Chaco, por ejemplo, una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”.

 

“En 2022, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó una radiografía de un perro como certificado para la obtención de una pensión por un 'trastorno de disco lumbar e hipertensión'”. “La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez. De estas 683 pensiones, el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días, en comparación con el promedio de los trámites del organismo que tardan 2 años, y el 90% de los pensionados se salteó la auditoría médica”.