El Gobierno oficializó la derogación del decreto 805/2021 y dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. A raíz esta normativa, se podrán agilizar los operativos de desalojo que haya sobre territorios que estén en disputa y en conflicto con agrupaciones representantes de los pueblos originarios. 

La medida, que responde a un largo conflicto sobre la titularidad de tierras y la suspensión de los desalojos, fue confirmada este martes a través del Decreto 1083/2024, que derogó la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805 del 17 de noviembre de 2021, que extendía la emergencia hasta noviembre del 2025.

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”, indica la normativa.

 

 

En el documento, que lleva la firma del Presidente y todo su gabinete, se especifica que la decisión fue tomada en base a la postura del Gobierno de priorizar la propiedad privada como pilar del desarrollo económico. En ese sentido, indicaron que la disposición contribuiría “a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones”.

De este modo, el Ejecutivo tomó la determinación de ponerle fin a la emergencia al considerar que generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales. “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”, asegura la normativa.

El decreto también anula la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los propietarios afectados por ocupaciones podrán “retomar acciones legales” para recuperar sus tierras. De esta forma, busca garantizar el pleno ejercicio de dominio, uso y disposición de los bienes inmuebles involucrados.

“Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, señaló el Ejecutivo.

Por último, en la actualidad hay 1626 comunidades reconocidas, muchas de las cuales, según el Gobierno, “no cumplen con los requisitos mínimos” para ser consideradas como tales. En esa línea, el Ejecutivo sostuvo que contabilizaron al menos 254 hechos judicializados relacionados con usurpaciones.