El Gobierno nacional destinó en los dos primeros meses de la emergencia sanitaria alrededor de $ 1,65 billones a financiar las distintas medidas adoptadas para contener los efectos del coronavirus (orthocoronavirinae) en la salud de la población y en la actividad económica.

El financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, subsidios para los sectores más vulnerables y de menores ingresos, mayor presupuesto para las provincias y los hospitales, reactivación de la obra pública, ayuda para pagar salarios privados, préstamos a tasa cero para monotributistas y trabajadores autónomos, fueron las principales políticas aplicadas en los primeros 60 días del aislamiento social.

Del total que el Gobierno vehiculizó para contener los efectos del coronavirus en la salud de la población y en la actividad económica -estimado en $ 1.613.666.000.000-, poco más de un $ 1 billón fueron recursos directos del Estado y el resto, casi $ 600.000 millones, facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado.

Una de las primeras medidas, al inicio de la cuarentena, fue el otorgamiento de créditos por $ 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura.

 

De ese total, $ 320.000 millones fueron para capital de trabajo a las empresas a tasas de 24% anual, por 180 días; otros $ 25.000 millones de créditos del Banco Nación, también con un interés diferencial para productores de alimentos e insumos médicos; otros $ 8.000 millones en para la producción de equipamiento tecnológico para teletrabajo, y $ 2.800 millones para infraestructura en parques industriales.

Se definió un refuerzo en el seguro de desempleo, además de un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $ 3.100; y de un bono de $ 3.000 para jubilados y pensionados, que significaron un desembolso de $ 27.900 millones.

Se decidió aumentar en $ 100.000 millones el presupuesto para la inversión en obra pública, destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas y de escuelas, y de turismo.

Asimismo, se modificó en tres oportunidades en los dos meses el presupuesto nacional y destinó en la primera de ellas $ 1.706.192.952 al Ministerio de Salud, que incluyó una partida por $ 541.590.681 para el Malbrán.

En la segunda, se incrementó en $ 38.688 millones el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para atender acciones destinadas a las tarjetas alimentarias, y comedores escolares; y se aumentaron en $ 8.594 millones las partidas de Salud.

En tanto, el Ministerio del Interior incrementó en $ 5.760.357.138 las transferencias a provincias; y además se incrementó en $ 3.896.687.037 la partida para pensiones no contributivas por invalidez laborativa.

En la tercera, se reforzó el Presupuesto para este año en $ 306.234.303.869 para la Anses; el Ministerio de Producción recibió $ 37.000 millones, para para créditos a las mipymes; el de Salud, $ 19.250.854.072 para la emergencia sanitaria; y Obras Públicas, $ 10.072.868.573 extras que, junto a un reacomodamiento interno, permitirá transferir $ 14.073.682.238 a municipios.

 

Por otra parte, el Gobierno estableció el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000 para beneficiarios de AUH y AUE, contribuyentes al monotributo social y de las categorías A y B, y personal de trabajo doméstico, que demandó un aporte de $ 89.000 millones, según Télam.

Por su parte, el Fonplata -uno de los organismos de créditos para el desarrollo de la región- autorizó un crédito de US$ 15 millones, unos $ 1.200 millones, para la Argentina, para la construcción de 11 hospitales; y el Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia por US$ 35 millones, unos $ 2.800 millones, para fortalecer los sistemas de salud.

En tanto, el Gobierno creó el Fondo de Afectación Específica, para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las mipymes, con aportes de $ 30.000 millones.

Por su lado, el Ministerio Salud transfirió $ 3.647 millones adicionales a las provincias, como parte de las políticas sanitarias.

Los créditos a tasa cero, por $ 220.774 millones, para monostributistas y autónomos, con subsidio del 100% del costo financiero total, fueron una de las principales medidas contempladas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Otra fue el beneficio Salario Complementario para las empresas afectadas por la emergencia sanitaria, que contempla erogaciones estatales por $ 81.809 millones.

Además, el Gobierno resolvió otorgar casi $ 4.000 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.

En tanto, el Ministerio de Economía convalidó la distribución de créditos preferenciales del Estado Nacional a las provincias por un total de $ 60.000 millones, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), de acuerdo con las necesidades financieras específicas de cada jurisdicción y por las condiciones estructurales con las que cada una puede hacer frente a la actual crisis.