El Gobierno nacional cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

La medida se hizo oficial a través del decreto 727/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma deroga el decreto 715 del 9 de junio de 2004, mediante el cual se creaba la unidad especial.

Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la CONADI, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales”. También podía “efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.

La norma derogada le otorgaba al organismo la autoridad para “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”; y “requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos”.

Fundamentos del cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la dictadura

Al fundamentar el cierre, el Gobierno de La Libertad Avanza consideró que los objetivos del organismo ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional.

En este marco, el Ejecutivo citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 5 de abril de 2005 en la causa “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96, que concluye que “el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18, que garantiza la defensa en juicio de la persona y sus derechos, y 109 de la Constitución Nacional que, basado en el texto del art. 108 de la Constitución de Chile de 1833, prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales”.

 

Plantearon que, para proteger los derechos fundamentales, “resulta esencial la investigación judicial de los hechos referidos a los fines de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron, permitiendo el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y la adopción de medidas preventivas para evitar la repetición de dichas violaciones”.

Subrayaron, asimismo, que “es fundamental tener en cuenta que la esencia de la división de funciones entre diferentes órganos del Estado Nacional radica en que cada uno de ellos tenga asignada una función específica, distintiva y caracterizadora de su misión esencial”.

El Gobierno, además, remarcó que, con el objetivo de cumplir con los compromisos internacionales que contrajo Argentina en materia de derechos humanos, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad - órgano que depende de la Procuración General de la Nación - creó la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.