Preocupado por mantener el superávit fiscal, uno de los ejes de su gestión, el presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que incumplan con el déficit cero.

“Entre sus principales puntos, (el proyecto) establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una presentación ante la prensa este jueves.

El portavoz sostuvo que esta normativa tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. Al respecto, adelantó que “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley”. Para ello se incorporarán las figuras delictivas específicas en el Código Penal.

En este sentido, resaltó que quedarán prohibidos los gastos extrapresupuestarios. “Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados”, agregó Manuel Adorni.

“También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o más recursos”, añadió el vocero.

La medida ya había sido anticipada por el propio Javier Milei en un discurso emitido por cadena nacional, en el que había recriminado a los legisladores la sanción de iniciativas que incrementarían el gasto público.

En esa ocasión, varios abogados constitucionalistas objetaron el anuncio del Presidente, puesto que condiciona el trabajo de los integrantes del Poder Legislativo. Estos se verían condicionados o impedidos de sancionar las normas que consideren necesarias, lo que significaría violentar el principio de división de poderes que establece la Constitución Nacional.

Desde el justicialismo, además, salieron a recodarle al Gobierno que una ley similar fue sancionada en el año 2001, sin que pudiera evitar la devaluación, la salida de la convertibilidad y la caída del presidente Fernando de la Rúa.

El proyecto tensa todavía más las de por sí difíciles relaciones entre los integrantes del Poder Legislativo y la Casa Rosada, que insiste en vetar todas las leyes que significan mayor gasto público sin importar el costo social que signifiquen, como un incremento extraordinario a los jubilados o la emergencia en programas de discapacidad. El veto a este último proyecto fue revertido por ambas cámaras, que insistieron con su decisión original y ratificaron la entrada en vigencia de la ley.

Lo paradójico es que esta ley, que de acuerdo a esas observaciones inhibe la labor de los parlamentarios, debe ser aprobada por el propio Congreso, algo totalmente incongruente. “Estas reglas van a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia”, dijo Manuel Adorni.

De acuerdo a las leyes, el Presupuesto debe ser remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de septiembre. Sin embargo, en dos años de gestión, el gobierno libertario sigue actuando sin una prórroga del correspondiente al año 2023.

El del ejercicio 2024 fue demorado por el entonces presidente Alberto Fernández hasta después de las elecciones de octubre y una vez realizadas, La Libertad Avanza no lo presentó. Y el de 2025 languideció en el debate en comisiones sin que las autoridades hicieran nada por impulsarlo.