El Gobierno evalúa diferentes alternativas para dilatar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de la norma que el Poder Ejecutivo ya había vetado y que este jueves recuperó vigencia luego de que el Congreso insistiera en su sanción original, circunstancia que se produjo por primera vez en 22 años.

Entre otros puntos, la ley establece la obligación de incrementar los montos de las pensiones por discapacidad, al igual que los aranceles que perciben los prestadores médicos. Eso va en contra del sentido que le impone el Gobierno a la gestión, que prioriza el ajuste fiscal por sobre cualquier otra consideración económica o social.

Sin embargo, ante la decisión tomada de no proceder a ajustar esos montos de pensiones y prestaciones, las estrategias en consideración son varias.

En un principio la idea era llevar el tema a la Justicia, haciendo hincapié en que la sesión del Senado fue ilegal, porque ese cuerpo se autoconvocó para aprobar la ley, sin el visto bueno de la Presidencia.

Otra alternativa que analizó el oficialismo es presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento de que la ley no “contempla más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla”. Invocan a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y apelan al “impacto fiscal”

Sin embargo, en la Casa Rosada saben que un fallo judicial adverso agotaría el recurso y quizás precipitaría los tiempos.

Por esa razón, también se evalúa no presentar una denuncia ante la Justicia para ganar tiempo y, llegado el momento, responder una demanda presentada por la oposición contra la decisión de Nación de no ejecutar los fondos. 

La estrategia está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla.

Lo que el Gobierno tiene claro es que “no vamos a promulgar la ley y estamos definiendo el mecanismo que más lo dilate”, detallan.  

Después del rechazo en la Cámara de Diputados al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado repitió la postura y quedó firme la iniciativa del Congreso que mejora el nomenclador de los prestadores y garantiza el financiamiento para las pensiones, entre otros puntos. 

La Cámara alta votó a favor por 63 contra 7, es decir, insistió con más de dos tercios.

Por lo pronto, de acuerdo a la Constitución Nacional, Javier Milei está obligado a promulgar la ley del Congreso de la Nación.

La norma aprobada declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la actualidad.