El Gobierno nacional autorizó este martes la privatización total de Intercargo, la compañía estatal que presta servicios de rampa y traslados en 21 aeropuertos de todo el país. Además, confirmaron que se concretará la privatización a través de la venta del 100% de las acciones de la empresa por medio de una licitación.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante la publicación del Decreto 198/2025 en el Boletín Oficial. La decisión forma parte de un proceso de desregulación y apertura del mercado aerocomercial. “Autorízase el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones, conforme lo establecido en el inciso 2) del artículo 17 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”, señala el artículo 1° de la normativa.

La disposición, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, se enmarca en lo dispuesto por la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que declaró a la compañía sujeta a privatización y autorizó al Ejecutivo a avanzar con el proceso. 

Según indica el decreto, con la privatización de Intercargo, empresa creada en 1961 y que posee el servicio esencial de rampas, se busca fortalecer el mercado de servicios aeroportuarios en un entorno de libre competencia y a mejorar la calidad y los precios de las prestaciones para usuarios y pasajeros.

La empresa estatal, que depende del Ministerio de Economía, cuenta desde 1990 con la concesión exclusiva de estos servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, luego esta concesión se extendió a otras seis terminales y actualmente operativa en 21 aeropuertos de todo el país. De hecho, durante el período 2020-2023, recibió asistencia financiera estatal por $6700 millones para sostener sus operaciones y cumplir con los estándares de calidad y seguridad, según se detalla en los considerandos del decreto.

No obstante, el Ejecutivo decidió interrumpir esos aportes a comienzos de 2024, en línea con la política de ajuste del gasto público y de reducción del déficit actual. En esa línea, especificaron en la normativa que ante la situación de emergencia económica, sumada a la falta de inversiones para la modernización de los servicios e infraestructura, se volvió inviable la continuidad de Intercargo bajo administración estatal sin nuevos desembolsos públicos.

Por su parte, con la apertura del sector, se espera la incorporación de operadores privados que pueden realizar las inversiones necesarias para modernizar el transporte y el depósito de bienes en los aeropuertos del país. De esta forma, se determinó que el proceso de privatización será ejecutado por el Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que tendrá que garantizar la privatización no afecte la continuidad del servicio de rampas.

Asimismo, en la medida se destaca que ante de que concrete la transferencia del paquete accionario al futuro adjudicatario se deberá rescindir el acuerdo del contrato de concesión que se encuentra vigente entre el Estado nacional e Intercargo. En tanto, se indicó que la medida entrará en vigencia al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.