Este jueves, el Gobierno nacional oficializó modificaciones en el presupuesto vigente para el ejercicio 2025, con reasignaciones de partidas en distintas áreas. Con esta normativa, dispuso ajustes en el financiamiento de sectores estratégicos como seguridad, educación, salud y energía. 

La medida quedó establecida a través del Decreto 186/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Con esta disposición, se reasignaron partidas, se reduce subsidios energéticos y habilitaron nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. Además, se establece un régimen especial para regularizar deudas de distribuidoras con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y establece nuevas condiciones de pago con bienes del Estado.

En esa línea, en la normativa se incluyeron cambios en el Presupuesto 2023, que fue prorrogado por el Gobierno nacional tras la falta de aprobación de una nueva ley por parte del Congreso. En ese sentido, se destaca que se reforzaron partidas para la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguros de la Nación. En tanto, se redujeron transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). 

 

 

A través de la medida se amplió el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional. De este modo, se busca financiar la supervisión y monitoreo electrónico de personas procesadas y condenadas. A su vez, se asignaron nuevos recursos a la Jefatura de Gabinete para cubrir erogaciones vinculadas a procesos electorales y se dispuso la disminución de aportes del Tesoro Nacional a diversas áreas del sector público.

Asimismo, se restablece la vigencia del artículo 7° de la Ley 26.075, con el objetivo de asegurar el reparto automático de fondos a las provincias y municipios para gastos en el sistema educativo. Con este DNU, se pretende garantizar la ejecución de los servicios en todos los niveles educativos, en un contexto de revisión del esquema de financiamiento nacional.

Por su parte, con esta normativa, se fijó un régimen de regularización de deudas para las distribuidoras de electricidad, que permitirá cancelar obligaciones con Cammesa en hasta 72 cuotas mensuales y con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM. En tanto, se creó un régimen especial de créditos para las distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros.

En el decreto, se recalca la posibilidad de cancelar deudas del Estado Nacional con provincias mediante la cesión de bienes inmuebles. La medida se implementará en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, con la participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese sentido, el Ministerio de Economía fue autorizado a definir los activos a transferir y su valuación, con el objetivo de reducir el impacto de las obligaciones fiscales.

En lo que respecta al ámbito internacional, se aprobaron aportes por un total de 439,4 millones de dólares para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos compromisos se abonarán en cuotas anuales y estarán a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por último, la medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete de Ministros e Interior), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Obras Públicas), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), entró en vigencia tras su publicación. Ahora será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, en el marco del procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia.