El Gobierno nacional tomó la decisión de “comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, así lo confirmó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida tiene como objetivo impedir los paros docentes en medio de la tensión con los gremios por la discusión paritaria, y ya cuenta con el apoyo de los representantes de colegios privados de la provincia de Buenos Aires, según aseguraron a cronica.com.ar.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2024, Adorni adelantó que Javier Milei estudia la medida durante su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada. “Los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema", prometió el funcionario.

La relación que mantienen el Gobierno y los sindicatos de docentes atraviesa un momento complicado tras el conflicto del Presidente con los gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus y de cara al debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, cuyo capítulo 97 establece como "servicio esencial" a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial. Ese punto se encuentra ahora bajo una medida cautelar.

"Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases", había dicho la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso.

El eje del conflicto por la falta de una paritaria nacional está en la suspensión del envío del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos educativos como el Fondo de Compensación Salarial Docente, los programas de Conectividad y Material Didáctico por parte del Gobierno. Esto tuvo un fuerte impacto en las provincias, para las que el FONID representa entre un 10% y un 15% de los sueldos docentes.

"No se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo", desafió Adorni. Días atrás remarcó la postura del poder Ejecutivo: “Entendemos que las paritarias deben ser absolutamente libres y que el Gobierno no tiene que participar de ellas. Hay un montón de paritarias en vías de llegar a acuerdos, y esa lógica tiene que seguir siempre”.

Las clases empiezan el 26 de febrero en la mayoría de las provincias, pero CTERA realizará un congreso extraordinario el próximo jueves para "definir medidas" y reiterar al Gobierno el pedido de convocatoria a una paritaria docente nacional.

Un servicio esencial es aquel que se considera fundamental y crucial para el funcionamiento básico de la sociedad y el bienestar de sus ciudadanos. Son vitales para mantener el orden, la seguridad y la salud de la población.

El capítulo 97 del DNU 70/23, actualmente judicializado, busca que ante cualquier conflicto se garantice la prestación de al menos el 75% del servicio declarado esencial. Es decir que el otro 25% de los docentes sí tendrían permitido hacer el paro. Por ejemplo: en una escuela no podrían adherir a una medida de fuerza más de 3 de cada 12 docentes.

El conflicto constitucional que se le plantea al Gobierno es que si son las provincias, al estar a cargo de los servicios educativos afectados por el nuevo decreto, las que deben hacerse cargo de los aumentos de salarios docentes tras dos meses de una inflación acumulada del 46% también es su decisión adherir o no a la “esencialidad” de la educación.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, aseguró a cronica.com.ar que “fueron convocados por la Cámara de Diputados cuando fue la discusión de la Ley Ómnibus por el capítulo educación que justamente contemplaba en un artículo el tema de la esencialidad y nosotros por supuesto que apoyamos que la educación sea declarada actividad esencial”.

La decisión de AIEPBA de respaldar a la propuesta del Gobierno responde al bajo nivel actual que presentan en promedio los alumnos argentinos en comparación con otros países y la incidencia que cada día de clases perdido tiene en esta problemática. “Creemos que en un país donde los índices de pobreza son tan altos, donde todas las pruebas internacionales y nacionales que tienen los alumnos argentinos, los resultados son cada vez peores con serias dificultades en la comprensión de textos y en el desarrollo de resolución de actividades matemáticas simples, creemos que no se pueden perder más 10 días de clase, ni siquiera uno”, remarca Zurita.

Sin embargo, reconoce que “generalmente, los paros afectan muy poco, solo un 2% o un 3% a la enseñanza privada, el grueso es para gestión estatal”. 

En las más de 14 mil escuelas privadas del país, entre el 80% y el 90% de la conformación de la cuota que abonan los padres es destinada al pago de salarios. De este total, el 70% de los colegios que reciben subvención o aporte estatal aumentaron en promedio desde diciembre a marzo entre un 30% y un 50%, aunque estas cifras podrían sufrir modificaciones.

En este marco, se presenta una segunda problemática, la cantidad de alumnos que por la crisis económica y la suba del valor de las cuotas pasarán a formar parte de las escuelas públicas, incrementando el número de niños por aula con todo lo que eso conlleva en materia de infraestructura y recarga laboral docente.

La secretaria general de CTERA afirmó que hay un aumento de la matrícula en los colegios. "Vamos a tener una sobre matrícula que va a requerir de más aulas, de más bancos y otras cuestiones", anticipó de cara al ciclo lectivo 2024.

Por su parte, Zurita advierte que la situación en los colegios privados bonaerense es “crítica”. “El año pasado nosotros relevamos 200 escuelas que estaban en crisis económica, 30 manifestaron posibilidad de cierre y de hecho esos cierres se cumplieron. La última fue una escuela de San Fernando, que cerró tres niveles hace unos diez días”.

En las últimas semanas, el Gobierno habría comenzado a trabajar en planes de ayuda económica para familias con hijos en colegios privados, una medida que desde el sector esperan “expectantes”.

“Venimos con un atraso de aranceles sobre todas las escuelas que reciben aporte estatal”, señala el representante de AIEPBA. “En una situación de crisis financiera, donde aumentan todos los valores de la economía, por supuesto que la clase media es la más afectada. Así que estamos expectantes de este anuncio que hizo el gobierno nacional con una ayuda a las familias de clase media, a las que les cueste acceder al pago de la cuota. Todavía no sabemos los detalles pero creemos que va a ser una buena medida que indirectamente ayuda al sector”, afirmó Zurita.