El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchadas de fútbol que se realizó el miércoles y finalizó con incidentes en los alrededores del Congreso.

El escrito fue presentado por el abogado Fernando Soto ante la Justicia Federal, en el juzgado N° 11.

En el texto, la cartera también cuestionó la decisión de la jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declare la incompetencia por “inhibición” a la magistrada.

“Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, postularon.

Según Soto, la movilización fue convocada con “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas”, promovidas por grupos organizados de barras de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing de Avellaneda, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.

“También convocó a la movilización el ex jefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ‘profesionales de la violencia’, pagados con la suma de $50.000 para ‘provocar disturbios’ enfrentando a la policía y generar ‘represión’. Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol, sino también del gremialismo y de la política”, afirmaron desde el Gobierno.

En la misma línea, remarcaron: “Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.

“Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las 3 Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”, aseveraron.

El Ministerio, consideró, que “la movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, a través del ejercicio del Poder de Policía que ejerce esta Cartera Ministerial”.

Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, “la violencia ejercida fue enmascarada en una ‘protesta social’, cuando en realidad su claro objetivo fue el de ‘desestabilizar’ al Gobierno del presidente Javier Milei”.