El Gobierno nacional realizó una serie de cambios en la Ley Nacional de Turismo 25.997 para fomentar las inversiones, priorizando la iniciativa privada y la descentralización. De este modo, se confirmó la eliminación de una serie de programas y modificaron deberes y facultades de la Secretaría de Turismo.

Las modificaciones quedaron establecidas esta madrugada mediante la publicación del decreto 216/2025, en el Boletín Oficial. En las mismas, el Ejecutivo destacó la necesidad de “orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo”.

Con esta normativa, el Gobierno disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística, que estaba a cargo de la coordinación de las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo. “En particular, corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas”, destacaron en el documento.

 

 

Además, en la disposición, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se suprimió el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, con el cual se financiaban proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional. 

El Ejecutivo sostuvo que “las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores”.

En esa línea, indicaron que “es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional avance sobre las competencias de las jurisdicciones en la materia y sobre las iniciativas privadas de promoción de la actividad”.

Ante esto, el Gobierno decidió modificar los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo. De esta manera, en el DNU quedó establecido que el organismo deberá promover la inversión en el sector turístico, planificar de manera federal y coordinar la promoción turística tanto dentro del país como en el exterior, entre otras funciones. En este contexto, una de las tareas más importantes será “coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel interno como en el exterior”.

En ese sentido, en el decreto se especifica que una de las nuevas facultades será gestionar acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades. “Diseñar y llevar a cabo campañas de marketing y promoción del turismo a nivel interno, utilizando los medios de comunicación gestionados por la Autoridad de Aplicación y/o aquellos que no generen ninguna erogación al Estado nacional”, fijaron como una de las facultades.

Por último, en el considerandos de la norma se ordenó a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”.