Este viernes, el Gobierno emitió cuatro decretos para garantizar una mayor transparencia en las compras y contrataciones de las universidades nacionales. De este modo, se busca tener un uso más transparente de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados. Además, se elimina la posibilidad de realizar contrataciones directas con Universidades o con personas físicas o jurídica que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social .

La medida, que involucra al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación; el de Economía y el de Desregulación y Transformación del Estado, fue confirmada esta madrugada mediante la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial. 

El Gobierno pretende modificar la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado para garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, asegurando, de este modo, que las universidades, como todas las instituciones financiadas con fondos públicos, se rijan bajo normas y sistemas unificados.

¿Qué establecen cada uno de las decretos?

En la primera disposición, el Ejecutivo establece que las casas de estudio del país deberán informar sobre los gastos, las contrataciones y también la contabilidad de las mismas a través de los portales COMPR.AR y CONTRAT.AR, los cuales son usados actualmente por 35 de universidades públicas.

 

 

En el segundo decreto, se dispuso que las instituciones superiores tendrán que adoptar obligatoriamente el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de sus recursos. Con este marco legal, se promueve la digitalización y automatización de los procesos, lo que aumenta la seguridad y reduce los tiempos en la ejecución de transacciones.

“El SIU tiene un retardo en la información. Una compra la vemos un tiempo después de que ocurrió. Con el e-SIDIF la idea es que se pueda ver de manera online y sincronizada cuando se va ejecutando el presupuesto de cada uno”, indicó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

 

 

El tercer decreto es un DNU que elimina la posibilidad de contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, a excepción de cuando se acredite que son el único proveedor disponible. De esta manera, se busca promover las licitaciones e impulsar el desarrollo de empresas privadas. “Esta medida termina con un privilegio irrazonable que atentan contra el interés público y la transparencia en las compras públicas”, indicaron en el gobierno.

“Solamente entre 2022 y 2023, se celebraron más de 2000 convenios entre las Jurisdicciones y las Universidades Nacionales y/o facultades. Estos convenios tienen objetos diversos, entre los que se encuentran servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría”, detalló Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

 

En tanto, el cuarto decreto publicado en el Boletín Oficial reglamenta este último DNU, para adecuar los cambios que sean necesarios. En este contexto, el Gobierno aseguró que la implementación será progresiva, conforme a lo dispuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, señalaron que no pretenden interferir en las decisiones de las universidades dentro del marco de su autonomía.

Por último, las decisiones anunciadas por el Poder Ejecutivo establecen plazos y condiciones para que las 62 casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional. De esta forma, se busca fomentar la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas.