Este lunes, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la Ley Bases, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo desde el inicio de su gestión. Además, adelantaron que en los próximos días será el turno del capítulo del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

El Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que se hizo efectiva mediante el decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El mismo está relacionado con la reforma del Estado, los cambios en los procedimientos administrativos, la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público.

“Apruébase la REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II - REFORMA DEL ESTADO - DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS Nº 27.742, que como ANEXO I (IF-2024-81106964-APN-SPEN) forma parte integrante del presente decreto”, indica el documento que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.

Asimismo, quedaron para una siguiente etapa capítulos como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). “Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado”, destacó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en los últimos días en declaraciones radiales.

El primer artículo de la Ley Bases declara las emergencias en "materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”. La norma delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente".

Luego, el capítulo dos declara como sujetas a privatización a las empresas públicas Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo. A la lista también se suma Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales S.A en condición, como pasibles de "privatización o concesión".

El capítulo 3, denominado como "procedimiento administrativo”, contiene temas relacionados a las concesiones y recisión de contratos de obras públicas. También eventuales acciones judiciales de empleados públicos y normas sobre la ejecución de contratos con el Estado.

Finalmente, se reglamentó el capítulo 4, que se encuentra concentrado en el empleo público, con la previsión de nuevos recortes en la plantilla estatal. El mismo implica un marco regulatorio que alcanzará a alrededor de 180 mil empleados (incluyendo los de planta transitoria y aquellos con estabilidad plena), con un plazo máximo de un año para encontrar un nuevo puesto, tras lo cual podrían ser desvinculados con derecho a indemnización.