El Gobierno nacional cambió algunos aspectos de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.  Lo hizo a través del decreto 780/2024 del Poder Ejecutivo, publicado este lunes en el Boletín Oficial. 

El texto dispuso que, al afrontar el trámite al respecto, “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.

Dentro de estos grupos, se encuentran los funcionarios de la administración nacional, los miembros del Congreso y los integrantes del Poder Judicial de la Nación. 

Están también quienes forman parte del Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, y concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, entre otros.

 

¿Cuáles son los nuevos requisitos para acceder a la información pública?

La nueva reglamentación incluye también cambios en los requisitos de la solicitud de acceso a la información pública. 

“En caso de tratarse de una persona humana, su nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y correo electrónico; y en caso de tratarse de una persona jurídica, la razón social, CUIT y la identificación de su representante en los términos del inciso a). Adicionalmente, copia del poder legalizado vigente que acredite su condición de representante o autorizado a tales efectos”, se especificó por último en el decreto.