La iniciativa de la Unión Industrial Argentina de no abonar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus generó fuertes rechazos. Desde el gobierno nacional y la CGT salieron rápido al cruce y expresaron su rechazo al planteo realizado días atrás por el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja.

Así se manifestó, por ejemplo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "La vacunación en la Argentina es optativa y no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, eso no corresponde", subrayó este jueves en declaraciones radiales. "Hay una gran aceptación de parte de la población. Por lo tanto, no puede haber una política de sanción, vinculada a eso, si la vacuna es optativa", agregó.

Según los últimos datos oficiales, el 80% de los mayores de 18 años ya recibió al menos una dosis en la Argentina. Ayer, el país llegó al 20% de su población vacunada con las dos aplicaciones contra el coronavirus.

Quien también se expresó en contra del planteo de la UIA fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. En ese sentido, consideró hoy que "la mayor parte de la población argentina entiende que la importancia de la vacunación", que "no es sólo para uno, sino también para los demás".

A través de su presidente, la UIA había propuesto el último martes que, a partir del avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país, las empresas podían evaluar "cesar la remuneración" para quienes decidan no inocularse.

“Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto, entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, expresó Funes de Rioja tras la reunión de Junta Directiva.

Rechazo de la CGT

Al igual que el gobierno nacional, la central obrera también salió al cruce del planteo de la UIA. En un comunicado firmado  por su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, sostuvo que "castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado".

"Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica", enfatizó la CGT.