El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2, por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, según se indicó mediante un comunicado oficial.

En esta línea, el texto difundico por la cartera de Patricia Bullrich detalló que: “La presentación se basa en la reciente decisión del magistrado de aceptar una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, que solicitaba impedir la intervención de fuerzas federales en una manifestación prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional”.“Según el Ministerio, la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez”, agregó el documento.

Asimismo, el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura señala que ya existía un fallo previo —expediente “Red Federal de Derechos Humanos”— en el que un planteo idéntico fue rechazado in limine por falta de legitimación activa y por tratarse de un reclamo abstracto. Así las cosas, “tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones habían determinado que la justicia porteña carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la justicia federal”.

A pesar de estos antecedentes, el comunicado advierte que el juez Gallardo tuvo tres situaciones a marcar y aquí enumeró:

Ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir Habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés Ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de actuar en el territorio porteño, más allá de los denominados “intereses federales”

Ante lo expuesto: “El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional”.

Así las cosas, el reporte citado indicó que: “Por estos motivos, se solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirma en la presentación, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas”.