La representante legal del Partido Justicialista, Patricia Blanco, apeló la medida de la jueza María Romilda Servini, la cual ordena la intervención del partido y pone al gremialista Luis Barrionuevo como responsable interventor del mismo.

La letrada expresó en los medios que el PJ ha apelado la medida ya que carece de argumentos legales. Además, Blanco, aclaró que el representante Barrionuevo no aceptó oficialmente la designación de la Justicia.

"Hemos presentado la apelación, y la hemos pedido con efecto suspensivo para que automáticamente cese esta intervención hasta la resolución de fondo”, señaló Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa en Tribunales.

En ese marco, agregó que “no hay fundamento jurídico para esta intervención. No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza”, aseveró la apoderada partidaria.

Por su parte, Eduardo López, también abogado del partido, sostuvo que “el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días‘.

"La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos”, aseveró.

Este martes, Servini ordenó la intervención del PJ y puso a cargo al líder del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, en una medida resistida por Gioja. 

La jornada incluyó incidentes y agresiones a periodistas (entre ellos el camarógrafo de Télam Fabricio Baca,) en la sede partidaria de la calle Matheu. 

"El fallo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Se basa en que perdimos tres elecciones, que es cierto pero no es materia judiciable. Otro (punto del fallo), es que estamos peleados, que hay corrientes internas”, criticó el abogado López.

El letrado que representa al PJ consideró que la intervención se decidió en “un fallo prácticamente a medida de los peticionantes”. La intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), Oscar Rojas (maestranza) y Horacio Valdez (vidrio), para que la Justicia declare “el estado de acefalía” del partido.

Acuña, Rojas y Valdez estimaron que “ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito” de conducir el partido y representar a los afiliados.

El abogado del PJ también cuestionó que “no se corrió vista al fiscal (electoral, Jorge Di Lello), cuando es de estilo hacerlo”.