El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una dura advertencia sobre la represión de las marchas opositoras, afirmando que el "esquema de represión" vigente "va a terminar mal". Esta declaración se produjo tras los incidentes en el Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, defendiendo a los manifestantes que se movilizaron la semana pasada.

"Este esquema de represión no sirve, va a terminar mal. Y esto le va a dar razón a este señor que dice que le quieren tirar un muerto. No. Es que, de esta manera, muertos va a haber", enfatizó Quintela, posicionándose como uno de los dirigentes del peronismo en contra de la gestión del presidente Javier Milei.

Quintela recordó las escenas de violencia entre manifestantes y fuerzas federales durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado: "Yo he sido testigo presencial del 2001, cuando les tiraban los caballos encima a la gente. La gente tiene derecho a defenderse ante una agresión de estas características", opinó en declaraciones radiales.

Además, criticó los mensajes de odio, diciendo: "Los mensajes cargados de odio tienen un resultado. Están tratando de sediciosos a trabajadores, empleadas domésticas".

El gobernador instó a la oposición a asumir un “rol de la oposición y conformar el núcleo de resistencia que no está de acuerdo con el comportamiento y la forma de actuar del Presidente de la Nación”.

En respuesta a los operativos policiales durante las protestas, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, han llamado la atención al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por el uso de la fuerza.

Tras la votación de la Ley Bases, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha programado una audiencia virtual para el 11 de julio, tras una presentación realizada en abril por organismos de DDHH y sindicatos sobre la "grave situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión".

Uno de los casos destacados fue el del abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien perdió la visión en su ojo izquierdo tras recibir un disparo de bala de goma durante una represión.

Desde sectores del kirchnerismo, la izquierda y otros espacios opositores, se alertó sobre el impacto de las políticas del gobierno libertario en derechos humanos y sociales.

En ese sentido, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, señaló que "la mortalidad en términos generales va a crecer mucho respecto de 2023 y 2022", debido a las políticas de ajuste económico del gobierno de Milei.

Batakis destacó la falta de acceso a medicamentos y alimentos por la caída de ingresos: "Cuando tenés un adulto que empieza a tomar un remedio día por medio te va a aumentar la tasa de mortalidad, cuando tenés pacientes oncológicos que no pueden acceder a sus remedios, la mortalidad va a crecer". También mencionó a los "pacientes diabéticos", que enfrentan amputaciones debido a la falta de medicamentos.

Las críticas sobre el deterioro en el acceso a derechos humanos básicos resonaron internacionalmente. Volker Turk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, criticó en la 56° sesión del organismo las recientes medidas del gobierno argentino, advirtiendo que estas podrían socavar la protección de los derechos humanos, especialmente para los más marginados.

"En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030", expresó Turk en la asamblea.