La denominada Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso podría comenzar a discutirse este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras continúan los cuestionamientos por parte de varios sectores opositores, incluso de los llamados "dialoguistas". En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, los equipos técnicos del gobernador Axel Kicillof ya prevén que habrá varios puntos que podrían ser definidos por la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel lo manifestó que hay anticipos que demuestran que el texto se terminará de definir en el máximo tribunal. Al tiempo que no descartó que la administración bonaerense pueda acudir a la Justicia a futuro por esta normativa es sancionada.

El funcionario resumió que la Ley Ómnibus sigue teniendo "un esquema de delegaciones de facultades que le da al presidente un alto margen para realizar cambios generales; es infundado y es innecesario, es un riesgo grande para el sistema democrático".

El especialista en Abogacía del Estado remarcó que a pesar de la negativa de La Libertad Avanza de negociar, cedió a concesiones como la quita del "capítulo fiscal", todavía sigue el "peligro" para la Provincia.

De esta forma mencionó que quedan "un listado grande de empresas que son sujetas a privatización, muchas de ellas asentadas en nuestro territorio, que además son herramientas fundamentales para generar soberanía". Además, reveló que desde la administración bonaerense ve "con preocupación que se insista con estas cuestiones".

"Soy un creyente del sistema jurídico y me gustaría decir que el estándar nos anticipa que esto se va a debatir en la Corte, aunque en los últimos años nos han demostrado que hay cuestiones que no fueron contempladas", marcó Pérez Teruel ante un medio de La Plata.

"Los términos de la legislación parece una serie de 'Wikipedia de razones', acumularon lo que alguna vez dijo la Corte que debía decirse y lo pusieron. Estamos frente a una posible crisis institucional muy grande", ironizó.

Finalmente, ante el posible el accionar del Gobierno Provincial ante el máximo tribunal del país, el letrado aclaró: "Después de ver que presuntamente alteraron un dictamen de comisión, tenemos que ver la ley aprobada y reglamentada. Una vez que sea sancionada, con el gobernador y el equipo vamos a evaluar todas las situaciones, en especial las que afectan a la Provincia".