A un año de la firma del Pacto de Mayo con 19 gobernadores y tras la fuerte reacción de esta semana en la oposición por la detención de Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei convocará a la primera reunión del órgano a cargo de convertir los 10 puntos declamados en legislación: el Consejo de Mayo. Será el próximo martes, cerca de enfrentar desafíos en el Congreso por jubilaciones y en medio de los reclamos por fondos y recursos para las provincias.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se sentará a las 9 en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada con los seis miembros restantes del Consejo de Mayo para debatir reformas a largo plazo (laboral, previsional y tributaria) y atender desafíos inminentes como la presión del Senado por aprobar la mejora de los haberes y el bono, tanto como la de los gobernadores por la caída de la recaudación.

A comienzos de este mes, Milei definió los integrantes de la mesa multisectorial que, después de la potente señal política que marcó la firma del Pacto de Mayo con la mayoría de los jefes provinciales en Tucumán el 9 de julio de 2024, parecía haber quedado en la nada.

Los miembros elegidos, además del representante del Poder Ejecutivo, son el presidente del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; la senadora de la UCR, Carolina Losada, por el Poder Legislativo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el flamante presidente de la UIA, Martín Rapannilli, por los empresarios. Y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Esa sensación de que el Pacto de Mayo se había quedado sólo en la dimensión simbólica del consenso fue disuelta a fines del años pasado, cuando el dialoguismo permitió contener reclamos sindicales tanto como leyes del Congreso sobre las jubilaciones y los fondos para las universidades que Milei vetó bajo argumento de la rigidez fiscal y, luego, blindó con ayuda de gobernadores con terminales parlamentarias.

Incluso, algunas bancas que votaron la aprobación de un aumento para esos sectores, cambiaron de postura al pasar por el tamiz dialoguista de la gestión libertaria y defendieron los vetos. Milei los llamó “héroes”. A los no alineados: “degenerados fiscales”. 

Ahora, el Gobierno se mueve para frenar a la oposición (mismas corrientes que confluyeron este miércoles en la marcha masiva de Plaza de Mayo) en el Senado, donde se organiza para lograr primero dictamen y, luego, la media sanción que le falta al incremento de 7,2% aprobado por la Cámara de Diputados y del bono, que pasaría a ser de $115.000. Más allá de que Milei anticipó que vetará la mejora, la gestión libertaria prefiere evitar repetir la discusión de la que salió victoriosa un año atrás, tan cerca de las urnas legislativas.

Un Consejo de Mayo activo podría ser el vehículo para organizar el diálogo entre La Libertad Avanza y aliados. El Gobierno lo reactiva, a su vez, en pleno reclamo de los gobernadores por la caída de la recaudación que afecta los ingresos provinciales, la coparticipación, la obra pública, entre otros asuntos. 

Francos recibió una delegación de jefes provinciales la semana pasada en la Casa Rosada para atender estas preocupaciones. Fueron en representación de los 24 gobernadores que se mostraron juntos ante la urgencia en un encuentro previo en el CFI. 

La foto con asistencia casi perfecta sorprendió al oficialismo nacional. Un año atrás, 19 de los 24 (incluyendo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri) viajaron a Tucumán para firmar con Milei el Pacto de Mayo. En el Congreso se aprobó luego la Ley Bases.

No firmaron la propuesta libertaria Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El día después de la reunión del Consejo de Mayo, Francos concurrirá al Senado para un nuevo informe de gestión, donde le espera una jornada álgida.