El Juez Sebastián Casanello citó al expresidente Alberto Fernández para ampliar su indagatoria por corrupción en la causa seguros este viernes 4 de julio a las 10 de la mañana. En las últimas horas, la Cámara Federal porteña revocó las inhibiciones y ordenó definir la situación procesal de cada uno de los procesados.

Fernández había sido indagado en noviembre de 2024, pero la causa estaba a cargo de Julián Ercolini en ese momento. En esa declaración, el ex presidente solo contestó preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. 

Ahora, el exmandatario pidió ampliar su indagatoria ante una posible definición de su situación procesal en la causa que se investiga el pago de comisiones que, en total, superarían los 3.000 millones de pesos. Ante esto, Casanello lo citó a declarar en apenas 24 horas. “Fue rápido a pedido de la defensa, que tenía un viaje previsto”, aseguró una fuente judicial.

A principios de abril, el magistrado había resuelto inhibir los bienes del expresidente y también de los brokers que intervinieron en la presunta maniobra defraudatoria en los contratos que organismos del Estado firmaron con Nación Seguros. 

Tras ello, Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez. Asimismo, le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado de su patrimonio, que incluyó propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.

De qué se lo acusa al expresidente Alberto Fernández

Fernández está imputado por administración fraudulenta y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se basa en un decreto firmado por Fernández, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.

La imputación en su contra se origina en un decreto que firmó el expresidente durante su mandato en el que dispuso que todos los organismos estatales debían contratar sus seguros exclusivamente con Nación Seguros SA, decreto que, posteriormente, fue derogado por el presidente Javier Milei.

En esa línea, la Justicia federal está investigando qué participación tuvieron Martínez Sosa y otros brokers en estos contratos, y si ellos y el expresidente se beneficiaron económicamente con esta medida.