El Ministerio de Capital Humano será querellante en la causa por supuestas irregularidades en comedores por parte de dirigentes sociales. Así lo determinó en las últimas horas el juez federal Sebastián Casanello.

La cartera a cargo de Sandra Petovello formará parte de la querella luego de que el Ministerio de Seguridad no fuera autorizado para ocupar ese rol en la investigación por extorsión, coacción agravada y defraudación.

Si bien el juez aceptó como querellante, todavía no tiene permitido el acceso a las pruebas que figuran en la causa porque el expediente está bajo secreto de sumario, según lo establecido por Casanello.

“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimados para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, había afirmado el jueves pasado en su presentación la cartera de Pettovello.

Más temprano, Casanello dictó la exención de presión a los dirigentes sociales acusados por presuntas irregularidades en los comedores, tras considerar que "no existen razones para el encarcelamiento preventivo”.

El juez falló a favor del pedido que plantearon las defensas de 13 de los imputados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, pero además dispuso una serie de medidas, entre ellas la prohibición de salida del país y que “se abstenga de concurrir a los domicilios en donde funcionan los comedores que integran las organizaciones sociales a las cuales pertenece” mientras están bajo investigación. También se dictó la inhibición de sus bienes.

La causa se originó a partir de una denuncia realizada en los tribunales de Comodoro Py que reúne datos aportados por cinco personas que llamaron a la Línea 134, donde se recibió información sobre extorsiones a individuos para cobrarles la entrega de alimentos si no participaban de protestas piqueteras.