Por Luis Mendoza 
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Pasada la controvertida apertura de sesiones del Congreso del viernes último, la oposición peronista se apresta a avanzar con la aprobación de un proyecto de ley para restituir el régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados. Con ese objetivo, la presidenta de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, la diputada kirchnerista María Cristina Brítez, convocó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al plenario de ese cuerpo que se reunirá el próximo jueves en la Sala de Conferencias del Anexo "C".

Voceros del oficialismo no confirmaron la concurrencia del funcionario nacional, considerando que se trata de una movida opositora "destinada a generar costos políticos al gobierno nacional", pero señalaron que la decisión será adoptada por el ministro y su equipo en el transcurso de la semana.

El programa de reintegro del Impuesto al Valor Agregado a jubilados por compras con tarjetas de débito, también alcanzaba a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a receptores de pensiones no contributivas y becas Progresar y a trabajadores de casas particulares.

El régimen establecía el reintegro del IVA del 15% por las compras en comercios con tarjeta de débito, con un tope de 300 pesos mensuales. La decisión del gobierno nacional de eliminar el beneficio originó una catarata de críticas opositoras y la presentación de varios proyectos para restituir y ampliar el porcentaje de reintegro, como los que elaboraron diputados del Frente para la Victoria-PJ y el Bloque Justicialista. También lo hicieron los senadores opositores Alfredo Luenzo y Magdalena Odarda.

Varias iniciativas

En la iniciativa del kirchnerismo, suscripta por los diputados José Luis Gioja, María Emilia Soria, Guillermo Carmona y Daniel Filmus, entre otros, se faculta al Poder Ejecutivo "a fijar la magnitud del reintegro en función a la proporción del Impuesto al Valor Agregado contenido en el precio de los alimentos".

Pero aclararon que la devolución no podrá ser inferior al 18% del monto de las operaciones realizadas por los beneficiarios, "en tanto no supere" los 900 pesos mensuales. Asimismo, prevé que ese monto "será modificado por el Poder Ejecutivo" trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en función de la variación de la canasta básica de alimentos.

La decisión del gobierno nacional de eliminar el beneficio originó una catarata de críticas opositoras

Por su parte, el Bloque Justicialista presentó su proyecto con similares alcances, pero con un tope de 620 pesos mensuales, actualizables por el Ejecutivo en los meses de julio y enero. Firmado por el presidente de la bancada, Pablo Kosiner y los diputados Sergio Ziliotto, Diego Bossio, María Moisés y Andrés Zottos, entre otros, señalaron que la medida "no soluciona todos los problemas de este sector de la población, pero es una importante ayuda".

Desde el Frente Renovador de Sergio Massa, la diputada Marcela Passo propuso que el beneficio se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2024. "No obstante encontrarse todos los indicadores de la economía nacional en peor situación que años pasados, el Poder Ejecutivo ha decidido hacer ejercicios de recorte fiscal en los sectores más necesitados, eliminando un beneficio fiscal directo que sin resultar una solución a la grave situación social de los sectores más postergados- constituía un paliativo para afrontar una crisis que los encuentra sin amparo", fundamentó.

También presentó un proyecto de ley la diputada María Peñaloza Marianetti (Somos San Juan), aliada al gobernador Sergio Uñac, proponiendo que el reintegro llegue al 20%, "en tanto no supere el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al costo de la canasta básica de alimentos".