El juez federal Daniel Rafecas dispuso este jueves la elevación a juicio oral del caso conocido como Gasoductos en el que se investiga, entre otros, al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por "negociaciones incompatibles con la función pública", al considerar que favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

La decisión de Rafecas implicará la elevación a debate oral y público de la primera causa en la que se investigaron delitos de corrupción supuestamente cometidos durante la gestión kirchnerista en la Argentina vinculados con la mega empresa brasileña. El magistrado clausuró la investigación tras entender que todo el proceso licitatorio habría estado "enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio directamente a Odebrecht, conclusión que luego fuera avalada por la Cámara Federal", según fuentes del juzgado. 

Rafecas dio por probado que el ex ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a una licitación privada, en lugar de recurrir a los mecanismo habituales, indicaron las fuentes.

"En lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se venía haciendo hasta ese momento, se realizaron a través de la empresa de firma mixta Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, todo el negocio a una sola firma: Odebrecht" señalaron.

Junto con De Vido, también serán juzgados el ex secretario de Energía Daniel Cameron, los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Folgar y los responsables de la firma Cammesa S.A. Luis Alberto Beuret, y Julio Armando Bragulat, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. 

La instrucción ha dado por probada la existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar, Marcheschi, Beuret y Bragulat en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht.

La causa fue asumida por el juez Rafecas a mediados de mayo de 2017, cuando recibió la causa en compensación por expedientes que quedaron radicados en otro Tribunal, abarca sólo el período fáctico hasta la adjudicación de la obra de infraestructura a la empresa Odebrecht y no investiga, por ejemplo, si existieron sobreprecios.