Las principales cámaras empresarias del transporte de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron sobre un posible corte en el servicio a partir de septiembre de 2024 debido a la falta de acuerdos entre las jurisdicciones de Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA). 

Las entidades involucradas, que incluyen a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), emitieron un comunicado donde exponen su preocupación por la situación financiera que enfrentan.

Según el comunicado, las empresas señalan que la falta de subsidios adecuados para las líneas que operan en CABA, sumada a una estructura de costos desactualizada, podría llevar a una crisis en el transporte a partir del 1 de septiembre. 

Además, subrayan que el subreconocimiento de los costos de inversión en nuevas unidades generó una brecha del 100% entre lo que se necesita y lo que se recibe.

A pesar de que desde el 12 de agosto se implementó un ajuste tarifario del 37%, las cámaras empresarias aseguran que la medida no ha tenido un impacto positivo en la economía de las compañías, ya que los subsidios continúan siendo insuficientes para cubrir los costos operativos y de inversión necesarios para mantener el servicio. 

Según los operadores, el promedio de $862 por viaje que reciben no es suficiente para sostener un sistema que transporta a casi 10 millones de pasajeros diarios y emplea a 50.000 trabajadores.

Ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, las empresas anunciaron que comenzarán a reducir los servicios nocturnos y durante los fines de semana como medida preventiva, intentando evitar una paralización total del transporte. También denunciaron una distribución irregular de los subsidios, acusando al Grupo DOTA de haber recibido más de 30.000 millones de pesos en fondos públicos desde 2022, en detrimento de otras compañías del sector.

Las cámaras subrayaron que, aunque se produjo una reciente actualización tarifaria, esta solo sirvió para aliviar la carga de los subsidios estatales y no para mejorar la situación financiera de las empresas. También se destacaron las dificultades que enfrentan aquellas líneas que no pertenecen a la Jurisdicción Nacional pero que operan en el AMBA, ya que la falta de cobertura en la RED SUBE añade incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones.

En cuanto a la distribución de subsidios, las empresas reiteraron la necesidad de mayor transparencia y equidad, criticando las distorsiones que han profundizado la crisis y afectado la capacidad de muchas compañías para mantener sus operaciones. 

Ante esta situación, los representantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para encontrar soluciones que permitan la sostenibilidad del transporte público en el AMBA, advirtiendo que, si no se resuelven estos problemas estructurales, el servicio podría deteriorarse aún más, afectando a millones de usuarios diarios.

Finalmente, las cámaras empresarias expresaron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones y a invitar a investigadores independientes a evaluar la situación del sector. No obstante, alertaron que, sin respuestas concretas, no podrán garantizar la continuidad del servicio ni la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector.