En medio de un intenso debate en la Cámara de Senadores sobre las modificaciones a las jubilaciones y el congelamiento de las dietas de los legisladores, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió que el Gobierno vetará “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal”. 

La declaración se realizó durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando el funcionario subrayó la postura del Ejecutivo: “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”.

Esta advertencia llegó mientras en la Cámara Alta el senador por CABA de Unión por la Patria, Mariano Recalde, defendía el proyecto de movilidad jubilatoria. Esta iniciativa propone una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Ejecutivo. 

Además, el proyecto incorpora una compensación adicional de 8,1% para cubrir la diferencia entre el aumento otorgado por el Gobierno (12,5%) y la inflación de enero (20,6%). Esta medida busca garantizar que el haber mínimo cubra la canasta básica del adulto mayor. Sin embargo, el Gobierno insiste en que cualquier actualización rija solo a partir de la promulgación de una ley, sin retroactividad, lo que ha generado controversia entre sectores más dialoguistas.

Recalde, al presentar el proyecto, declaró que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, y agregó: “Aprobar esta ley es un acto de justicia y de reparación. En el 2015, un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.

El proyecto cuenta con el apoyo del radicalismo, que votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el respaldo de la UCR, el kirchnerismo y los bloques provinciales, se espera que la iniciativa obtenga los dos tercios necesarios para su sanción. 

Sin embargo, ante la posibilidad de que la ley sea aprobada, ya se especula con la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la norma, un escenario que fue confirmado por Adorni. De suceder, ambas Cámaras podrían insistir en su aprobación con el mismo número de votos en el futuro.

Además de la movilidad jubilatoria, el Senado también debate otros temas, como el proyecto de ley presentado por Carolina Losada (UCR), que propone penas de entre 5 y 15 años de prisión para quienes participen en la entrega o recepción ilícita de menores de edad, con o sin compensación económica, salvo que un delito más grave haya sido cometido.

Durante la sesión, se trataron otros proyectos como el ascenso de militares y cargos judiciales, que fueron aprobados, así como la transferencia de inmuebles en La Pampa, Entre Ríos, Río Negro y Salta. También se aprobó el convenio de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragios y la autorización de cónsules, vicecónsules y embajadores honorarios.

En cuanto a las dietas de los senadores, los jefes de los bloques acordaron suspender el incremento de sus salarios y desenganchar su variación de lo que cobran los empleados del Congreso, congelándolos hasta diciembre. Aunque el texto final aún no se ha presentado, todo indica que los senadores no verán cambios en sus recibos de sueldo en los próximos cuatro meses.

En este contexto, se incluye el tratamiento de un proyecto de ley de José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, que propone establecer topes salariales para los tres poderes del Estado. Según la propuesta, los salarios de funcionarios como el presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema, senadores, diputados y otros altos cargos no podrán superar los 20 salarios mínimos, vitales y móviles.