El Gobierno dispuso meses atrás una serie de cambios y modificaciones en la legislación para poder recibir el estatus de refugiado en la Argentina. La medida fue oficializada a través del decreto 942/2024, con las firmas del presidente Javier Milei y el resto del gabinete, y sumó nuevos requisitos para acceder a esa condición.

"Es imperativo ajustar el régimen de refugio para evitar que sea utilizado como herramienta para eludir la Justicia y para que funcione eficazmente como un mecanismo de protección para quienes realmente lo requieran, sin comprometer la seguridad nacional, y dentro de plazos razonables en la duración de los procesos", señaló el decreto, publicado en el Boletín Oficial a fines de octubre pasado.

Luego de advertir sobre el "abuso del régimen de refugio" por parte de "grupos terroristas y criminales internacionales" con el fin de "extender sus redes", el Gobierno incluyó una serie de nuevos criterios entre los motivos por los que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) puede rechazar solicitudes de asilo. 

Entre los criterios de exclusión, figuran la imputación o condenas fuera del país por delitos graves, incluidos los que tengan en Argentina una pena mayor a diez años de prisión, además de aquellos que "afecten a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas".

El Ejecutivo tomó esa decisión después de quitarle el estatus de refugiado al ex presidente boliviano Evo Morales, que había llegado a la Argentina  a través de esa protección durante el gobierno de Alberto Fernández y en medio del estallido de 2019 contra su administración.

Ahora, el Ejecutivo deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las modificaciones que realizó sobre la ley de personas refugiadas, en materia de asilo político. La audiencia, que se lleva a cabo este lunes, fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) y la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

El objetivo del encuentro será exponer "los impactos negativos" que tuvieron estas medidas del Ejecutivo.

“En los últimos meses el gobierno de Javier Milei modificó, a través del DNU 942, la ley que protege a las personas refugiadas y cambió principios fundamentales que impiden cuidar a quienes piden asilo, como la no devolución y la confidencialidad. Estas modificaciones impactan en los criterios para que una persona sea o no reconocida como refugiada”, indicaron en el CELS.

También manifestaron que “una persona podría ser enviada a su país, donde podría correr riesgo de vida”, sólo por ser “sospechada” de estar asociada a un delito “vinculado con el terrorismo”.

Al tener en cuenta que “esta categoría suele utilizarse como excusa para la persecución política”, desde el CELS consideraron que el Ejecutivo propone dejar “en mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas”; incluso, si se viola la confidencialidad y se difunde información crítica sobre las personas refugiadas en Argentina “se las puede poner en peligro” alertando, a quienes las persiguen, dónde se encuentran.

“Además del planteo sobre la normativa, el objetivo es que la Comisión esté informada sobre los discursos con los que el Gobierno justifica estas políticas, remarcaron.