Cuatro nucleamientos sindicales respaldaron este jueves el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsara el presidente Alberto Fernández junto con 11 gobernadores en un escrito al Congreso. Se trata de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), liderada por el bancario Sergio Palazzo; el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), encabezada por el camionero Pablo Moyano, y ambas CTA, de los Trabajadores y Autónoma, que conducen el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, respectivamente.

Las agrupaciones gremiales expusieron distintos argumentos para fundamentar su postura.

Fallo a favor de CABA

"La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder", aseguraron los espacios gremiales en un comunicado.

Consejo de la Magistratura

Añadieron seguidamente que a ese fallo "se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas".

"Ese integrante de la Corte se arrogó funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas; revivió una ley derogada; modificó a su gusto la integración del organismo y desconoció resoluciones de Diputados y el Senado, haciendo incluso caso omiso a fallos de tribunales inferiores", aseveraron los gremios de los espacios mencionaros.

El 2x1 para delitos de lesa humanidad

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de "su ausencia de idoneidad y mal desempeño", porque durante 2017 "pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio 2x1 para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular".

Otras razones

Asimismo, reseñaron que "la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad".

Enfatizaron además que otro tanto realizó con la obra social del Poder Judicial con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje a trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pagos, no autorización de tratamientos y otros desmanejos sin control ni auditoría, que devino en "un pésimo servicio de salud".

Finalmente, los gremios enrolados en esos espacios sindicales respaldaron el pedido de juicio político para defender "la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y humanos", y se pronunciaron por un Poder Judicial independiente del económico y "siempre al servicio del pueblo".