Este miércoles nuevamente la Justicia rechazó el intento del expresidente Mauricio Macri de frenar la investigación interna que lleva adelante la Gendarmería para determinar lo que ocurrió con los elementos represivos enviados por el Gobierno de Cambiemos a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, durante los días que se perpetró el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Javier López Biscayart, juez en lo Penal Económico no dio lugar al recurso de apelación que presentó la defensa de Macri contra la resolución que rechazaba el pedido de que se suspendiera el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del Gobierno nacional. La apelación presentada por Pablo Lanusse, abogado de Macri, fue denegada por el magistrado luego de considerar que la resolución atacada "no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno". De esta forma, el expresidente Macri buscaba que se frene el sumario interno con el que el Ministerio de Seguridad avanza para la recolección de información vinculada al supuesto contrabando, y que luego será puesto a disposición de la Justicia para que evalúe su importancia y decida de qué forma lo incorpora.

La investigación interna de Gendarmería

Los primeros elementos de trascendencia, surgieron de la investigación interna. Las declaraciones de algunos integrantes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y que aseguraron que la municiones antitumulto que se enviaron al país no se utilizaron para proteger la Embajada argentina, ni se consumieron en ejercicios de práctica, contradijeron las explicaciones que dieron los acusados en declaraciones mediáticas sobre los fines del envío del armamento.  El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este miércoles que "todos los días avanza un poquito más" la causa judicial que investiga el presunto contrabando de armamento a Bolivia.

"Si la única defensa que tienen son las notas que muestran cómo intentaron encubrir más tarde el envío de armas, deberían buscarse un abogado, porque sin dudas están hasta las manos", respondió Soria a Radio 10, sobre la prórroga de las autorizaciones del material bélico enviado a Bolivia durante la gestión de Alberto Fernández. Soria insistió en que los involucrados en esta denuncia de contrabando "están complicados" y sobre Macri, expresó que "hizo la gran 'Pepín' Simón y se quedó del otro lado del charco", al aludir al exasesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, quien busca ser refugiado político en Uruguay mientras es reclamado por la Justicia argentina. "Saben que es grave lo que hicieron. De Macri no podíamos esperar otra cosa, porque ya contrabandeaba autopartes a Uruguay en 2001. Ahora, también hubo intervención de Defensa con (Oscar) Aguad, de Gendarmería y Seguridad con (Patricia) Bullrich y también el excanciller (Jorge) Faurie está complicado", agregó. Mientras que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró en ese sentido que "documentalmente está probado" el contrabando de armas a Bolivia y sostuvo que es "increíble" que el expresidente y Patricia Bullrich no "hayan podido ensayar una respuesta" tras haber pasado 20 días de ser denunciados.  "Creo que Macri y Bullrich están complicados para defenderse. Tienen que decir quién fue el que tomó la decisión de contrabandear armas. Documentalmente, el hecho está probado. Sólo falta saber quiénes fueron todos los responsables", expresó Mena a El Destape Radio.

Y agregó que " nadie puede creer" que esa decisión fuese tomada " por un grupito de gendarmes" debido a que hay pruebas que involucran a Bullrich y a Oscar Aguad con esa decisión.

En la causa, además de Macri, Bullrich y Aguad, están imputados el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo Otero y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde.

El pasado 12 de julio el Gobierno nacional denunció a Macri y a una decena de funcionarios de su Gobierno por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, luego de que la administración actual de Luis Arce, acusara a la gestión de Cambiemos de haber tenido "participación" en el golpe de Estado que puso a Jeanine Añez en el poder.