Por Luis Mendoza 
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Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley de Financiamiento Político, que permitirá el aporte de las empresas privadas a las campañas electorales desde el próximo proceso electoral. La norma fue respaldada por 147 votos, reunidos por Cambiemos, Argentina Federal y el Frente Renovador, superando largamente la mayoría absoluta de 129 que requiere la Constitución Nacional por tratarse de una ley electoral.

En contra se pronunciaron 69 diputados del Frente para la Victoria-PJ, de Red por Argentina y el Frente de Izquierda. La norma, sancionada en una sesión especial que arrancó pasado el mediodía y finalizó poco antes de las 18, prevé un sistema de financiamiento mixto de la política, estableciendo que los partidos podrán obtener recursos del Estado y del sector privado “para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”.

También especifica que los partidos no podrán recibir de una misma persona o empresa un monto superior al 2% de los gastos permitidos para la campaña electoral. Uno de los temas centrales, por el que recibió el respaldo de bancadas opositoras, es el referido a la bancarización y trazabilidad de los aportes, que solo podrán realizarse a través de una transferencia o depósito bancario.

En el debate quedó aclarado que el donante deberá acreditar su identidad, los bancos informar a los partidos políticos los datos del aportante y eventualmente podrán devolver la suma de dinero si así lo considera. Las organizaciones políticas no podrán recibir aportes de personas o empresas que exploten juegos de azar; y de gobiernos o entidades públicas extranjeras, entre otras fuentes de financiación.

La ley reduce del 10 al 5% el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales, señalando que a partir del año 2020, la mitad de este porcentaje será cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales. Sobre la utilización de redes sociales y plataformas digitales para la campaña electoral, la ley consigna que la Cámara Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas oficiales, sitios de Internet y otros canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán rendir cuentas sobre su campaña digital.

Además, por una iniciativa de Adepa y de la Asociación de Periodismo Digital (APD), la ley incluyó un artículo que establece que el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital de los partidos durante las campañas, deben destinarse en un 35% a portales periodísticos de carácter nacional y del 25% a los contenidos originados en las provincias.

El debate
En la apertura del debate, el diputado macrista Pablo Tonelli, miembro informante del oficialismo, defendió la iniciativa, destacando que con la bancarización de los aportes, habrá más transparencia en los procesos electorales y que todos los ciudadanos podrán acceder a esa información.

Puso de relieve que de esa forma se evitará la informalidad en los aportes y rechazó las objeciones planteadas desde el kirchnerismo y la izquierda sobre la privatización de la política. Dijo que esos planteos “esconden una hipocresía”, porque en los hechos, las empresas siempre “terminan contribuyendo a las campañas”.

“Nos parece mucho más transparente que sepamos qué empresa contribuye y no personas cuyos nombres no sabemos a qué corresponde”, argumentó. También defendieron el proyecto el diputado radical Diego Mestre y la macrista Silvia Lospennato, en tanto Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) votó en general, pero lo hizo en contra en el artículo referido a la habilitación de los aportes empresarios.

Desde el kirchnerismo, el jefe del bloque, Agustín Rossi, anticipó el rechazo de la iniciativa y reivindicó la reforma aprobada por el Congreso en 2009, que prohibía las donaciones de las empresas. Poer su parte, la diputada María Emilia Soria (FpV-PJ) planteó que “es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y como tal, de aportar al financiamiento de la vida política, es lógico que pretendan una contraprestación a cambio"