La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en ley por 125 votos contra 65 y 27 abstenciones la reforma del impuesto de bienes personales para aumentar la recaudación.

Establece un aumento de la tasa en forma progresiva, pero se exceptúa de ese gravamen a las personas que tengan una sola propiedad con un valor tope de hasta 18 millones.

 Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de "una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica". 

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como "un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada". "Creemos que la Cámara tiene que ratificar la modificación hecha por el Senado, esperamos tener el apoyo del resto de los diputados", resumió. 

 

 

 

Diputados aprobó proyecto para facilitar la nacionalización 

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto que establece la posibilidad de regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas.

El plenario legislativo aprobó, en la primera sesión extraordinaria, este dictamen que forma parte de un paquete de proyectos consensuados entre los bloques políticos, que se aprueban a libro cerrado y sin debate.

La iniciativa, presentada por la diputada por la provincia de Buenos Aires, la radical Karina Banfi, está fundamentada por las resoluciones de distintos tratados internacionales pero particularmente en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961.

A través del proyecto, que considera estos convenios de derechos humanos internacionales, se especifica la definición de apátrida como toda aquella persona que "no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme su legislación".

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y "solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas".

El proyecto precisa que no serán contempladas dentro de la ley aquellas personas que reciben actualmente "protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados".

La iniciativa tampoco se aplicará a quiénes "las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país".

La ley no incluirá a las personas respecto de las cuáles haya razones fundadas para considerar que cometieron un delito de guerra, contra la paz o contra la humanidad o que hayan cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país.

De acuerdo al proyecto, que establece que todos los procedimientos administrativos serán gratuitos para la persona apátrida, una vez que la persona sea reconocida como apátrida, podrá obtener una residencia temporaria y tras obtener dicha residencia, podrá tramitar un documento nacional de identidad.

Aprobación de proyecto sobre regulación de vacunas obligatorias 

El proyecto de ley que regula aspectos de la vacunación como su obligatoriedad, promoción "en todas las etapas de la vida" y exención impositiva, fue aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados, que lo giró al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa, aprobada en la primera sesión extraordinaria de la cámara baja, fue impulsada por el diputado Pablo Yedlin (Justicialista-Tucumán) y busca actualizar la regulación de vacunas, actualmente prevista en la ley 22.909.

Asimismo, prevé nuevos mecanismos de control y medidas tendientes a facilitar el acceso, el cumplimiento y el financiamiento de la vacunación gratuita y obligatoria, no solo en chicos sino también en adultos.

El actual marco normativo, vigente desde 1983, se creó en un escenario diferente, ya que en ese entonces el calendario nacional contaba "solo con seis vacunas obligatorias para niños, mientras que hoy contempla unas 20 para toda la familia", argumenta el texto.

Entre los principales puntos del proyecto se destaca además "la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular, la disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación y la participación de todos los sectores de la salud". Asimismo, el texto se&ntlde;ala que "el Estado deberá garantizar la compra de vacunas e insumos".

Algunas de las reformas introducidas en el proyecto apuntan a eximir de impuestos internos a las vacunas y a penalizar a integrantes del equipo de salud que contraindiquen vacunas del calendario o que falsifiquen certificados.

También se establece que para trámites como renovación del DNI, pasaporte o licencia de conducir, "se solicitará a la persona el certificado de vacunas, pero sin obstruir el trámite".

La iniciativa prevé además la creación del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, en el que se deben asentar los "datos de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud (público, seguridad social y privado)".

Aprueban ley que obliga a presentar certificado de aptitud física

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado un proyecto que establece la obligatoriedad de la presentación de un certificado de aptitud física a las personas que realicen actividades deportivas, iniciativa que busca prevenir la aparición de enfermedades o lesiones evitables.

A través del proyecto, elaborado en base a iniciativas presentadas por el diputado del PRO, Héctor Baldassi, y de la puntana Ivana Bianchi, se establece la obligatoriedad de la presentación de un certificado médico de aptitud física para practicar deportes a toda persona que realice actividades físicas o deportivas en instituciones, academias, centros deportivos y gimnasios.

"La presente ley tiene por objeto promover y proteger la salud de la población de la República Argentina que realice actividades físicas o deportivas en forma recreativa o competitiva, amateurs o profesionales, en equipo o de forma individual, ya sea en una sola disciplina o combinada, y prevenir la aparición de enfermedades o lesiones evitables", sostiene el proyecto.

La iniciativa establece la obligatoriedad de requerir el certificado médico de aptitud física, expedido por profesional médico con título y matrícula habilitante "a toda persona que realice actividades físicas o deportivas en instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios, clubes, sociedades de fomento y todo otro establecimiento dedicado a la enseñanza y práctica deportiva o en carreras de calle".

De acuerdo al proyecto, el certificado médico de aptitud física deberá ser presentado ante presidentes, directores, encargados, responsables o propietarios de las entidades deportivas y organizadores de carreras de calle, ya sean pruebas pedestres o competiciones en bicicletas.

A través de la norma, que establece que los certificados de aptitud física tendrán validez de un año, se precisa que la realización de los estudios médicos en centros de salud, hospitales públicos provinciales o nacionales serán gratuitos.

Asimismo, la iniciativa especifica que la autoridad de aplicación -que será determinada por el Poder Ejecutivo- deberá crear campañas de concientización e información sobre la importancia de la presentación del certificado de aptitud física a fin de proteger integralmente la salud en todo el país.

El proyecto busca disminuir la cantidad de episodios fatales que ocurren en forma brusca o inesperada durante o después del desarrollo de una actividad física, ya que muchas anomalías se detectan con los estudios clínicos que exige el certificado médico de aptitud física, logrando prevenir y reducir los accidentes en el deporte.