Con un fuerte escándalo, el gobierno anulará una resolución publicada en el Boletín Oficial este miércoles mismo, que exigía a los establecimientos médicos cumplir con lo que ordena la ley respecto de la interrupción legal de los embarazos.

La disputa abrió una nueva grieta interna en Cambiemos, donde dirigentes del espacio se alinearon entre quienes respaldaron al autor de la norma, el secretario de Salud Adolfo Rubinstein, y aquellos que criticaron el texto de la misma, donde sobresalió el senador Federico Pinedo. 

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La situación escaló a tal magnitud que la continuidad de Rubinstein en el cargo pende de un hilo, pese a restar apenas dos semanas y media para el fin de su mandato. 

Además de evitar la obstaculización de un aborto no punible por vía judicial, burocrática o médica, situación que se repite en el país incluso en los casos de abortos no punibles previstos por la ley, el nuevo Protocolo señala que para acceder a la interrupción legal del embarazo se requiere solamente del pedido de la mujer que busca practicarlo, con consentimiento informado y mediante una declaración jurada en la que afirma que su caso se encuentra entre las causales de no punibilidad previstas por la ley, como cuando el embarazo es producto de una violación o representa un peligro para la vida y la salud de la gestante.

También subraya que la intervención debe hacerse en no más de diez días desde el pedido y que no puede ser rechazada por ninguna institución pública o privada, al considerar que la objeción de conciencia es individual y no puede ser institucional.

Todo eso, sin embargo, quedará anulado con un decreto que el mismo gobierno que publicó ese protocolo publicará en el Boletín Oficial del jueves. Así se lo confirmaron a Crónica voceros de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, la cartera que absorbió Salud cuando dejó de ser ministerio. 

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A lo largo del día distintos dirigentes del oficialismo cuestionaron abiertamente a Rubinstein -de abierta militancia a favor del aborto legal-. El más importante de ese grupo fue Federico Pinedo, quien consideró  "Lamentable y claramente inconstitucional la resolución ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo el presidente provisional del Senado.

Del lado del funcionario se pusieron radicales de peso dentro del gobierno, como Ricardo Gil Laavedra y Ernesto Sanz, quien manifestó "su absoluto respaldo".