Especialistas de distintas áreas expusieron este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco del debate sobre el proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei impulsa para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y modificar el Régimen Penal Juvenil.

Abogados, médicos y psiquiatras se presentaron en la sexta jornada del plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, que estuvo a cargo de la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado.

El proyecto de ley que entró al Congreso el 26 de julio busca establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El primero en exponer ante los diputados fue el abogado Pedro López Martucchi, quien afirmó que el proyecto cumple con las "condiciones de constitucionalidad" ya que respeta "las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución y del debido proceso".

En este sentido, aseguró que "hay un reclamo permanente de contar con un régimen penal juvenil que se adecue a las circunstancias actuales" y dijo que si se hace un comparativo con el sistema que se aplica en la región, la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13. Lo cierto, es que el país vecino mantiene la imputabilidad penal a los 18 años y cuenta con un sistema infraccional adolescente para menores de 13 a 17 años. 

En Brasil, la mayoría de edad penal es también a los 18 años, con medidas socioeducativas a partir de los 12 años. En Chile se da un escenario similar, pero hay un sistema de justicia penal especial para mayores de 14.

En tanto, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseguró que "el abordaje y la gestión de estas políticas estatales para los adolescentes en conflicto con la ley penal da cuenta de un acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoría". "Cada vez que se comete un delito o surgen iniciativas parlamentarias, la discusión que se pone por delante es la edad de disponibilidad y eso no soluciona el problema", agregó.

Destacó que "la sanción de un nuevo régimen requiere complejizar el análisis a partir de cuestiones que se presentan en el territorio y federalmente". En su exposición planteó que la ley que rige desde 1980 no cumple con "los derechos internacionales actuales en la materia, ni con las reformas internacionales, ni las que hicieron los países de la región a tiempo. Incluso nos ha llevado a ser observado por todos los organismos internacionales de protección a la niñez y a la niñez", añadió.

Por su parte, el médico neurólogo Conrado Estol evitó pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno y apuntó al funcionamiento del cerebro de los adultos y los adolescentes: “La madurez llega a los 25 años”, pero aclaró que ya a los "12, 13, 14 y 15 se puede definitivamente diferenciar el mal del bien".

A su vez, el médico psiquiatra Andy Blake planteó que toda "conducta humana, a partir de los dos años aproximadamente, depende de tres cosas: la situación en la cual está la persona; la emoción que experimenta la persona en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción". "Esto determina absolutamente todas nuestras conductas, a cualquier edad y constantemente", añadió. 

Y aseguró “no creer que la respuesta sea sí o no a la edad de imputabilidad, sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”.