En medio de una jornada en la que docentes, no docentes, autoridades académicas y estudiantes se movilizarán en una nueva Marcha Federal Universitaria en “defensa de la universidad pública y del sistema científico”, y en contra del "veto total" del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso, el Gobierno respondió con un comunicado en el que aclara su posición respecto a las demandas del sector. 

Aseguró que los reclamos ya fueron atendidos y que las manifestaciones tienen una motivación política. El Ministerio de Capital Humano destacó siete puntos clave sobre la gestión de los recursos destinados a la educación pública.

El comunicado oficial, emitido en respuesta a la marcha convocada por las universidades públicas, rechaza las acusaciones de desfinanciamiento y afirma que los fondos destinados a la educación fueron transferidos de manera eficiente. 

El Gobierno asegura que el conflicto universitario responde a "intereses políticos" y no a una "verdadera necesidad de financiamiento educativo". A continuación, los siete puntos clave expuestos por el Ministerio:

“Rechazo al aumento ofrecido”: El Gobierno argumentó que ofreció un aumento adicional del 6,8% para octubre, lo que equivale a $17 mil millones mensuales. A pesar de esto, indicaron que los gremios rechazaron la propuesta, lo que, según ellos, demuestra que el paro no está vinculado únicamente a temas salariales, sino que tiene motivaciones políticas. “Administración ineficiente de los fondos”: Se asignaron $192 mil millones para gastos de funcionamiento, con un incremento del 270%. Sin embargo, el Gobierno acusa a las universidades de no priorizar estos fondos para mejorar la calidad educativa. Además, se destinaron $49 mil millones adicionales a los hospitales universitarios, siendo la UBA la principal beneficiaria. “No se dejan auditar”: El Ministerio cuestiona la transparencia en la gestión de los recursos. Acusaron a las universidades, particularmente la UBA, de no rendir cuentas adecuadamente, y resaltaron que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 sigue sin auditar. “Costo de estudiantes extranjeros”: Según el comunicado, el 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros, lo que representa una carga adicional para el sistema educativo. “Irregularidades académicas”: Explicaron que solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica, un problema que afecta la planificación y asignación de recursos. “Equidad en el sistema educativo”: El Gobierno señala que el sistema universitario público refleja desigualdades sociales. En la UBA, el 61,2% de los estudiantes provienen de familias con educación superior completa, lo que, según el comunicado, pone en evidencia una falta de equidad en el acceso a la educación pública. "Transferencias rápidas y eficaces": El Gobierno destacó la eficiencia en la transferencia de fondos a las universidades, que hoy se realizan en un promedio de 4,6 días, en contraste con los 68,4 días que tardaban en administraciones anteriores.

El comunicado finaliza con un enfático rechazo a la marcha, calificándola como una acción política y no como un reflejo de problemas en el financiamiento educativo.

"Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos", concluyó el Ministerio.