Tal como estaba previsto, la Argentina apeló la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares al fondo de inversión Burford Capital por la estatización de YPF en 2012. Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre último, en el marco de la demanda que presentó ese fondo.

La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. "El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la funcionaria en aquel momento.

La defensa argentina sostuvo en un texto que el país "apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia".

Además, advirtió que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes". "El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", añadieron los abogados que representan al Estado argentino en el litigio.

Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino "expropió mal" la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes. En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.

En 2012, el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó pagarle a la española Repsol -que hasta ese momento controlaba a YPF- un total de 5.000 millones de dólares en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera.

Recientemente, el gobierno argentino solicitó una conferencia con Preska para evitar el pago de un depósito de garantía y apelar el fallo. El reclamo fue presentado faltando pocos días para el posible inicio de los embargos previsto para el 16 de octubre, tal como lo solicitó Burford Capital.

En un escrito de tres páginas, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para "suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación" y argumentó que debido al tamaño "sin precedentes" de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serán "difíciles o imposibles" de deshacer si Argentina prevalece en la apelación.