Por Alejandra Gallo
@alegalloinfo

El Gobierno recibió una de cal y otra de arena. Primero un comunicado del Fondo Monetario diciendo, implícitamente, que el país oferta lo que está en condiciones de pagar y en alusión a la nueva propuesta presentada por el equipo económico.

Luego, en Wall Street por las dudas gatillaron lo que se denomina el “seguro de default”, es decir una suerte de paraguas protector para el mercado financiero porque esta negociación con los bonistas se hace de acuerdo con la legislación extranjera.

 

Todo fue antes de que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, anunciara formalmente lo que ya se sabía informalmente: que se extiende hasta el 12 de junio la negociación con los bonistas.  Es una suerte de “extensión de la cuarentena de la deuda” para seguir negociando. Y es la tercera prórroga que tiene este capítulo con los bonistas por una total de 66.300 millones de dólares.

La negociación de esta deuda nada tiene que ver con la otra que la Argentina tiene que rediscutir con el FMI por el acuerdo stand by que firmó el Gobierno anterior y por la que aún ni siquiera empezaron las negociaciones.

Esta deuda con los bonistas es importante para el sector privado porque de su éxito o no dependerá que las condiciones que se les ofrecerán a las empresas  argentinas para acceder al crédito internacional para exportar, comprar nuevas empresas o mejorar sus maquinarias o tecnología.