El empresario Fabián de Sousa sostuvo este miércoles que "están claros cuáles son los responsables políticos" del supuesto espionaje ilegal que lo tuvo como víctima, tras salir de la audiencia con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien le exhibió pruebas recolectadas en la causa en la que se investigan las maniobras atribuidas a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.

El accionista del Grupo Indalo sostuvo que el magistrado le exhibió materiales que dan cuenta de que el espionaje del cual habría sido víctima abarcó el plano "personal, familiar y empresarial" y prefirió no ahondar en detalles por el expreso pedido de "reserva" que le hizo el juez para que "no se viera afectada la investigación".

"Me eligieron como enemigo y eso hizo que no se me respetara ningún derecho", sostuvo De Sousa tras señalar que le fueron exhibidos elementos que dan cuenta de "situaciones" que afectan la intimidad de su vida.

"Yo creo que acá hay responsables, están claro cuáles son los responsables políticos. Espero que la sociedad pueda identificar quién es quién en esta sociedad en la que vivimos", sostuvo el empresario al tomar contacto con los medios que lo esperaron a la salida del juzgado de Lomas de Zamora, a donde fue acompañado por su abogado, Carlos Beraldi.

Luego, en declaraciones a la señal televisiva C5N, De Sousa aseguró que las maniobras de las que presuntamente fue víctima "se pagaron con recursos públicos" y que fueron orquestadas por "el poder político que gobernó el país entre 2015 y 2019".

"Por lo que vimos, hubo una violación de la intimidad familiar. Esto forma parte de todo un proceso que se hizo para amedrentar con objetivos que eran lejanos al derecho. Todo esto fue armado por una manga de facinerosos", remarcó el empresario.

De Sousa aseguró que en la causa existen indicios de que fue espiado cuando se encontraba detenido en la cárcel de Ezeiza, y afirmó que su intención es que "todo se esclarezca en un proceso legal".

En esta causa se investiga a "una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", según consta en el expediente.

Algunas de las maniobras "habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones".

Entre las principales víctimas del espionaje se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y los dirigentes sindicales del gremio de Camioneros Hugo y Pablo Moyano.

En el expediente hay elementos de prueba que muestran que un grupo de ex espías de la AFI autodenominado "Super Mario Bros" siguió, fotografió y elaboró informes de dirigentes políticos, sociales y religiosos, de forma ilegal.

De Sousa forma parte de una segunda tanda de víctimas que en los últimos días fueron notificados por el juez de la causa en la que se encuentran también el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el ex funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Macri José Luis Vila, y el integrante de la comunidad mapuche Gabriel Cherqui.

Entre las últimas víctimas que fueron notificadas también se encuentra el abogado del detenido contratista Lázaro Báez, Jorge Chueco, y el empresario Gerardo Ferreyra.