CAUTELAR

Freno a 300 despidos en el INTA: el Gobierno de Milei pagar铆a una multa de $10 millones diarios si no acata a la Justicia

La medida cautelar solicitada ATE y la ratificaci贸n de la Justicia dej贸 al Poder Ejecutivo sin posibilidad de aplicar la resoluci贸n que afectaba a centenares de trabajadores del organismo.

El escenario pol铆tico y gremial suma un nuevo cap铆tulo con la decisi贸n del gobierno de cesantear a 300 trabajadores del INTA, pese a que el Senado resolvi贸 dejar sin efecto el DNU 462/25 que habilitaba dichos pases a disponibilidad. A esta controversia se sum贸 ahora la Justicia, que orden贸 frenar la medida tras un recurso cautelar presentado por la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE).聽

En caso de que la gesti贸n libertaria no cumpla con lo resuelto por el Poder Judicial, trascendi贸 que la multa podr铆a alcanzar los $10 millones diarios.聽

En efecto, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N掳2 de San Mart铆n ratific贸 la cautelar presentada por ATE, dejando al Ejecutivo sin posibilidad de ejecutar la resoluci贸n que afectaba a centenares de trabajadores del organismo.

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La secuencia de hechos muestra un choque directo entre poderes del Estado. El 煤ltimo mi茅rcoles, la Justicia hab铆a suspendido la aplicaci贸n del DNU 462/25 y dispuso que no se aplicara en el INTA.聽

Horas m谩s tarde, el Senado rechaz贸 formalmente el decreto. Sin embargo, el gobierno avanz贸 mediante la resoluci贸n 1240 del Ministerio de Econom铆a, que produc铆a el mismo impacto en la dotaci贸n de personal.

Con este nuevo paso, ATE denunci贸 "un intento deliberado de desconocer las decisiones judiciales y legislativas por parte del gobierno libertario".聽

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, subray贸 que "lo reiterativo no disminuye su gravedad, este gobierno insiste en desafiar a los otros poderes del Estado con una pol铆tica de ajuste sin sustento legal".

Desde el gremio celebraron la decisi贸n del juzgado de San Mart铆n y exigieron al Ejecutivo el acatamiento inmediato.聽

Para ATE, se trata no s贸lo de una defensa de los puestos de trabajo, sino tambi茅n de una pulseada institucional frente a las pol铆ticas de ajuste y reducci贸n de organismos p煤blicos que la gesti贸n libertaria impulsa desde 2023. M谩s all谩 de su impacto sectorial, la resoluci贸n judicial fortalece una estrategia pol铆tica m谩s amplia para contener los decretos del Ejecutivo.

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