La foto de los ganadores y perdedores del regreso a las clases presenciales es clara. De un lado, Horacio Rodriguez Larreta, que instaló la discusión el año pasado y capitalizó el respaldo social en busca de normalizar la educación. Incluso por delante de sus socios de Juntos por el Cambio. Si bien la coalición opositora incluyó el reclamo en sus comunicados y reuniones, la movilización que hicieron al ministerio de Educación se realizó hace nueves días, con todas las decisiones ya tomadas a favor de la presencialidad. No fue concurrida.

Del otro lado, los gremios docentes aseguraron durante todo el verano que no están dadas las condiciones. Los datos los avalan, pero el humor social no. Si se tuviera en cuenta aquel semáforo epidemiológico adoptado por el Consejo Federal de Educación a fines de octubre del año pasado tras una larga negociación entre las provincias, prácticamente nadie podría volver a las aulas. Los protocolos son desprolijos y muchas cuestiones se definen sobre la marcha. La vacunación a los maestros recién está empezando, y los reclamos por infraestructura escolar siguen pasando lejos del centro del debate.

Pese a todo eso, y aun cuando muchos padres comparten como preocupación, la centralidad que le da la sociedad argentina a la educación –y el hecho de tener prácticamente todas las actividades comerciales habilitadas- los pone en el bando de los derrotados. Amenazaron con medidas de fuerza, plantearon objeciones a los protocolos, señalaron cada una de las carencias y la pobre planificación de las autoridades, y quedaron apuntados como los que no querían volver a las aulas.

Entre el gobierno porteño y los gremios se ubicó el ministro de Educación nacional, Nicolas Trotta. Tras protagonizar fuertes cruces con la administración porteña, el oficialismo nacional adoptó la decisión de impulsar –y así lo hizo- la presencialidad en todo el país. Trotta, de relación estrecha con los gremios, recorrió cada provincia para detectar los posibles problemas y trabajar soluciones. Ni vencedor ni vencido, supo equilibrar la necesidad de prolijidad en el regreso a clases con las disputas políticas. “Queremos volver, pero que sea seguro”, fue su lema.

Con la foto clara, la pregunta se traslada ahora al resto de la película. Durante buena parte de 2020 varios gobernadores intentaron reabrir sus escuelas. Los que recibieron el tibio permiso de la Nación tuvieron que dar marcha atrás a los pocos días. ¿Puede pasar eso en el AMBA, con el aumento de uso del transporte público y movimiento de las personas? ¿Qué pasará cuando llegue la famosa segunda ola que azotó a Europa en estos últimos meses?

Si, transcurrido un mes o dos del ciclo lectivo hace falta volver a un cierre fuerte, ¿habrá alivio social porque al menos se intentó volver a las aulas, o fastidio por el mal resultado? ¿Cargarán las voces del oficialismo nacional contra las autoridades porteñas, como pasó con los runners?